17 de julio de 2009

Asociaciones religiosas exigen la renuncia de García Luna y Medina Mora

Representantes de asociaciones religiosas (evangélicos, cristianos, musulmanes) exigieron la renuncia de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, por su incapacidad para resolver la creciente inseguridad, una de las principales demandas de la ciudadanía.

El levantón y posterior homicidio del líder mormón Benjamín Le Baron y su cuñado Luis Whitman propició que un grupo de dirigentes religiosos, entre ellos María del Pilar Lozano, Miguel Farfán, Cristian Gómez, Óscar Loha, Luis Rojas, Guadalupe Vigil y Themis Cortés, endurecieran sus críticas contra la incapacidad gubernamental en materia de combate a la impunidad.

“El presidente del empleo carece de una política de prevención del delito, la mayoría del presupuesto se destina al ataque a los narcotraficantes, pero al salir del Metro nos encontramos con un ejército de desempleados, potenciales delincuentes, que al recibir la oferta de ganar miles de pesos sucumben con facilidad.”

En respuesta a la convocatoria de los diputados de Convergencia, Martha Angélica Tagle y Rafael Ramos Becerril, para que expusieran las conclusiones sobre la violencia generada por el crimen organizado, los religiosos consideraron que la capacidad del Estado para garantizar seguridad a los ciudadanos está “quebrada”.

“Por eso estamos aquí, para que las autoridades asuman su papel de salvaguardar los intereses y la libertad de los ciudadanos; sí ahora se tocó a los mormones, qué será del resto de las congregaciones religiosas”, refirió Muhammad Abdullah Meksiki.

El mensaje de los denunciantes refiere que la ejecución de Le Baron y Whitman es una clara señal de que las mafias no se conforman con haber colocado en situación de notable desventaja al Estado en su tarea de procurar justicia, sino que “ahora pretenden arrodillar a la sociedad en su totalidad, al intentar destruir la dignidad humana”.

Por medio de un documento, refirieron que los delincuentes optaron por la venganza, creyendo que así lograrían quebrantar no sólo a la comunicad mormona de Chihuahua, sino a los mexicanos. “La muerte de ambos ha despertado una indignación social que parecía dormida, una rabia por la injusticia que parecía olvidada, pero sobre todo ha levantado un dolor por el dolor humano que ya parecía que éramos inhumanos; dolor por no alzar la voz, por no clamar justicia”.

En la manifestación realizada frente a la Cámara de Diputados, las asociaciones religiosas advirtieron que no descansarán en el combate contra los delincuentes.

“Los ciudadanos comprometidos con la sociedad, concientes del pacto civilizatorio en el que unos a otros nos comprometemos a cuidarnos y defendernos de los depredadores, y que consideramos que hay que defender el bien, incluso a costa de nuestra vida, ¡manifestamos nuestra indignación ante este atroz crimen y exigimos que las iglesias sean protegidas de estos delincuentes!”

Cristian Gómez, de la organización Museo Maná de las Sagradas Escrituras, señaló: “nosotros vamos a ser molestos al gobierno porque vamos a seguir señalando su injusticia; tenemos una falta de voluntad del gobierno para resolver el problema del crimen organizado. Pedimos al Poder Legislativo que presione al Ejecutivo para que no haya tolerancia, porque el crimen paga a los capos”.

Pilar Lozano justificó que los grupos religiosos que han sido agredidos por la delincuencia organizada, han determinado organizarse y armarse, “porque esta guerra contra el narcotráfico está perdida”.

La Jornada