10 de febrero de 2010

Avala Acción Nacional postulación de Gabino Cué para gubernatura de Oaxaca

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) aprobó ayer una "alianza electoral total" con los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia en Oaxaca. De esta forma, el senador con licencia Gabino Cué se convierte en su candidato a la gubernatura.

La decisión se aprobó anoche con una abstención, luego que la cúpula del blanquiazul debatió el tema casi tres horas y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, ratificó sus puntos de vista sobre las coaliciones.

César Nava, dirigente nacional del PAN, resaltó que esta alianza "tiene una clara razón ética. Lo que nos une por encima de nuestras diferencias naturales es cambiar las cosas de fondo".

Según los acuerdos, el PAN postulará los candidatos en 40 de los 152 municipios donde se eligen autoridades. Entre ellos están Oaxaca, Huajuapan, Tuxtepec y Salina Cruz. Asimismo tendrá 10 de los 25 distritos.

Cuando se le preguntó si hará campaña con seguidores del ex candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador, o miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el presidente del blanquiazul señaló: "Yo me veo haciendo campaña con Gabino Cué y estoy seguro de que ésta será exitosa".

En Durango, el PT condicionó su permanencia en la coalición opositora a que el candidato a presidente municipal de la capital del estado sea el senador Alejandro González. Las dirigencias estatales de PAN, PRD y Convergencia consideraron que con esto el PT se excluye de las negociaciones y recordaron que la postulación a la alcaldía capitalina se decidirá en una encuesta.

"Sólo estamos pidiendo lo que merecemos. Hay cuatro encuestas locales que señalan que Gonzalo va a la delantera, y no nos vamos a prestar al juego de Acción Nacional", dijo el dirigente del PT en Durango, Gustavo Pedro Cortés.

Entretanto, el gobernador de Quintana Roo, Félix González, criticó que PRD y PAN pretendan aliarse en la entidad y dijo que Acción Nacional "olvidó muy pronto que el PRI le ayudó a que tomara posesión el Presidente".

PRD, PAN, PT y Convergencia firmaron una intención de coligarse para los comicios estatales del 4 de julio. El gobernador advirtió: "Estas cosas están en la reflexión de la ciudadanía, que les da el valor que tienen y sin duda incidirán al elegir".

 

La Jornada

No se revelará sede de comparecencia de Gabinete de Seguridad por motivos de seguridad

La comparecencia de los integrantes del gabinete de Seguridad Nacional ante 12 legisladores se realizará el próximo martes "en alguna instalación del Senado", sin precisar hora ni lugar, ya que se pretende mantener la confidencialidad del encuentro por motivos de seguridad, sostuvo el panista Gustavo Madero.

Por la mañana, el pleno del Senado aprobó el formato de la comparecencia sin especificar fecha ni lugar, a pesar de que el perredista Tomás Torres afirmó en tribuna que existe la pretensión de que el encuentro con los secretarios de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública, así como con el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), se realice en Los Pinos o en Gobernación.

Torres se pronunció contra la decisión de que la comparecencia sea "a escondidas", sólo con los nueve integrantes de la Junta de Coordinación Política (JCP) y los tres senadores de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional. "No quieren dar la cara a la sociedad", resaltó.

Expuso su desacuerdo con la posibilidad de que el encuentro se efectuara fuera del recinto senatorial. Lo secundaron su compañero de bancada, Graco Ramírez, quien dijo que los legisladores deben "hacerse respetar", y el petista Ricardo Monreal, quien consideró fundamental que el Congreso esté informado de la estrategia contra el crimen organizado, porque hasta ahora nada ha funcionado.

A la hora de la votación se rechazó la propuesta de Torres de especificar que la comparecencia será en un recinto del Senado.

La mayoría de los senadores del PRD se sumó a los de PRI, PAN y PVEM para aprobar el punto de acuerdo de la JCP, que no precisa fecha ni lugar para la reunión con los funcionarios.

La reserva, por motivos de seguridad, sostiene Madero

Dos horas después de la votación, Madero, en su carácter de presidente de la JCP, declaró que la comparecencia será el martes en alguno de los edificios del Senado, pero no se hará público en cuál. Son datos reservados, explicó, "por motivos de seguridad".

Confirmó que existe el compromiso de los legisladores de mantener reserva acerca de la información que les compartan los integrantes del gabinete de Seguridad Nacional.

Explicó que se decidió que la reunión sea el martes próximo ya que para entonces los funcionarios tendrán más datos, porque el jueves acompañarán al presidente Felipe Calderón a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se dará a conocer la nueva estrategia de combate a la violencia y la criminalidad en esa entidad.

Por la mañana, durante el debate en el pleno, el perredista Pablo Gómez advirtió que no tiene ningún sentido que la comparecencia se lleve a cabo "bajo el estatuto del sigilo" si no va a ser un acto de control por parte del Legislativo.

Recordó a los senadores del PAN –que lo acusaron de estar del lado de los narcos por haber expresado que la Operación Conjunta en Ciudad Juárez, con miles de tropas desplegadas– no era la respuesta correcta: "A ver qué dicen ahora, porque la violencia aumentó en vez de disminuir".

El senador Gómez agregó que Calderón no va a cambiar su estrategia, "porque no sabe qué hacer; ni él mismo tiene una alternativa". Consideró que el traslado de poderes estatales a Ciudad Juárez, como propuso el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, "no sirve más que para la chunga".

Monreal expuso que quien debe ofrecer disculpas a las familias de los jóvenes asesinados, por haberlos acusado desde Japón, sin pruebas, de ser pandilleros y delincuentes, es el propio Calderón y no "el pendenciero de Bucareli".

La Jornada

5 de febrero de 2010

Comparecencia del Gabienete de Seguridad será a puerta cerrada

El presidente del Senado, Carlos Navarrete, confirmó que los secretarios de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública federal y Gobernación, así como el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), comparecerán ante ese órgano legislativo la próxima semana, con el compromiso de los legisladores de que lo tratado en el encuentro no se divulgará ni será motivo de debate.

La comparecencia será privada y se realizará a puerta cerrada, porque el tema de la seguridad nacional "no es asunto de pláticas públicas ni materia de conferencias de prensa", advirtió el senador perredista.

La decisión de realizar a puerta cerrada la comparecencia de los cinco funcionarios del gabinete de seguridad nacional fue impulsada un día antes por los coordinadores parlamentarios de PAN y PRI, Gustavo Madero y Manlio Fabio Beltrones, respectivamente.

Ayer Navarrete Ruiz justificó el acuerdo. Sostuvo que el mejor formato es la comparecencia de los funcionarios a puerta cerrada y sólo con los miembros del órgano de gobierno del Senado –además de los tres senadores de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional–, porque sólo así podrán "entrar en la materia y tener acceso a información privilegiada".

Insistió: "la información de seguridad nacional no debe ser motivo de debate público ni legislativo, sino de conocimiento de los órganos del Senado. Habrá discreción de los grupos parlamentarios para comentar sólo lo que sea posible".

También se acordó que el Canal del Congreso no grabe la comparecencia.

Información a detalle

El también coordinador de los senadores del PRD detalló que los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado pretenden entrar a fondo sobre la situación que priva en Ciudad Juárez, Chihuahua; conocer los nuevos esquemas que el gobierno pretende poner en marcha; recibir un informe detallado acerca de qué fuerzas del Ejército y de las corporaciones policiacas están desplegadas en el país, cuáles son los resultados y dónde está fracasando la estrategia.

Reveló que ayer se comunicó con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, con el propósito de precisar los detalles de la comparecencia, que se llevará a cabo en la casona de Xicoténcatl la próxima semana.
 

Explicó que será una reunión intensa, sin límite de tiempo, con la finalidad de que los senadores conozcan a detalle las acciones que el gabinete de seguridad lleva a cabo para frenar el avance de la violencia y la criminalidad.

Por separado, el senador del PRI por Chihuahua, Fernando Baeza, explicó que a su bancada le interesa que los integrantes del gabinete de seguridad nacional expliquen con claridad qué pasa con la estrategia de combate a la delincuencia, porque es realidad innegable que ha fracasado, además de qué van a hacer para enfrentar la escalada de violencia, que alcanzó su punto más dramático con la matanza de jóvenes en Ciudad Juárez.

Por principio, expuso, se debe despolitizar la lucha contra el crimen organizado y acabar con "la soberbia del gobierno federal" que pretende pasar por encima de las autoridades estatales. Ya se demostró que fue un error meter al Ejército en el combate al narcotráfico.

En tanto, el senador perredista Silvano Aureoles comentó que espera que la información que proporcionen los secretarios de la Defensa, la Marina y Seguridad Pública, así como el procurador general de la República, sea precisa y veraz, porque no tendría sentido "que lleguen con discursos que no corresponden a la realidad".

El senador Francisco Labastida Ochoa, del PRI, señaló que se requiere un mayor gasto e inversión en materia de seguridad pública e impartición de justicia.

Planteó que se requiere ampliar los reclusorios, que tienen un déficit de 50 mil lugares; dividir a los reos de alta y baja peligrosidad, y readecuar muchos centros de readaptación.

Además debe llevarse a cabo "un gran programa de capacitación y depuración de las policías estatales", mejorar sueldos y prestaciones de los agentes, incluyendo seguros de vida y programas de vivienda.

En materia judicial, agregó Labastida Ochoa, se requiere abatir el rezago en los juzgados y destinar recursos para poner en marcha el sistema basado en los juicios orales. Todo esto, detalló, cuesta entre 0.5 y uno por ciento del producto interno bruto.

 

La Jornada

3 de febrero de 2010

PRD-DF interpone denuncia penal contra Mariana Gómez del Campo

La dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Distrito Federal interpuso ayer ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal contra Mariana Gómez del Campo Gurza, diputada local del Partido Acción Nacional (PAN) y prima de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, y la directora del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), Isabel Priscila Vera Hernández, por tráfico de influencias y delitos electorales.

"Si como dice el señor (Felipe) Calderón, que está muy preocupado por la familia, debiera primero preocuparse por la de su esposa; ésa es la familia que tendría que estar investigando la PGR y no entrometerse en la ciudad con los matrimonios entre personas del mismo sexo", señaló el presidente del PRD capitalino, Manuel Oropeza Morales, al considerar graves los contratos por adjudicación directa que otorgó el Imjuve a Teresa Gómez del Campo –hermana de la diputada local panista–, por más de 473 mil pesos, y a la cuñada de ambas, Daniela Verderi Muñuzuri, por 150 mil pesos.

También censuró que becarios del Imjuve fueran obligados a afiliarse a ese partido y, junto con personal de estructura –muchos de ellos ex funcionarios del Comité Directivo Regional del PAN-DF–, a participar en actividades partidarias, hechos contenidos en el escrito de denuncia a partir de información que publicó este diario el pasado 25 de enero.

En una lona colgada en la reja del acceso principal del edificio de la dependencia federal, en Paseo de la Reforma 213, ilustraron la "red de corrupción y nepotismo de la familia Gómez del Campo".

En dicha lona aparecen Juan Ignacio Zavala, "artífice de la estrategia para demostrar con base en las 'adivinaciones' de la bruja Francisca Zetina, La Paca, que Raúl Salinas de Gortari era el asesino de Manuel Muñoz Rocha", y Diego Hildebrando Zavala, "quien obtuvo contratos de Pemex con Felipe Calderón al frente de la Secretaría de Energía".

Al extremo de éstos, Mariana Gómez, "acusada de encabezar una red de corrupción en la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) para beneficiar a familiares con programas sociales", su hermana Teresa y su cuñada Daniela.

En el otro extremo, Marcia Matilde Altagracia, una de las propietarias de la guardería subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social que se incendió en Hermosillo, Sonora.

Oropeza, acompañado del vocero del partido del sol azteca en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Alejandro Sánchez Camacho, e integrantes del secretariado estatal del partido, adelantó que esta semana acudirán al Instituto Electoral local para impugnar el acuerdo del Consejo General del 27 de enero, en el que se abstuvieron de investigar la queja por desvío de recursos de programas de la SRA, por medio de integrantes del comité directivo estatal del PAN en el DF, pese haber comprobado que participaban como técnicos agrarios ante la dependencia.

 

La Jornada

Marcelo Ebrard afirma que es obvia la injerencia de Calderón en acción de inconstitucionalidad contra matrimonios gay

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, consideró inútil negar la intromisión del Poder Ejecutivo federal en la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de las reformas al Código Civil de esta ciudad que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que éstas adopten.

"Es tan obvio, tan evidente que sí hay una intervención. Esperamos que la Suprema Corte (de Justicia de la Nación) resuelva protegiendo los derechos que la ley consagra", remarcó Ebrard al pedirle su opinión sobre las declaraciones del presidente Felipe Calderón realizadas en Tokio, Japón, quien negó que haya "intencionalidad política" en la controversia interpuesta por el titular de la PGR, Arturo Chávez.

Luego de la entrega de chalecos confeccionados por cooperativistas del Distrito Federal en la delegación Venustiano Carranza, el mandatario capitalino reiteró que el recurso –de 123 cuartillas– promovido ante la Suprema Corte carece de fundamentación jurídica. Advirtió que "sería muy inusual que la Corte diera una resolución en contra de los derechos de personas".

Dijo estar confiado en que "saldrá adelante el proceso en la Corte"; es decir, los ministros respaldarán las reformas a los artículos 146 y 391 del Código Civil del Distrito Federal, aprobadas por la Asamblea Legislativa y promulgadas por el gobierno capitalino.

Sobre los hechos de violencia del domingo pasado en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde pistoleros masacraron a 16 jóvenes, el jefe de Gobierno calificó esa situación de "muy lamentable, muy grave".

Manifestó que se debe hacer una revisión seria, responsable, "con la preocupación de realmente avanzar".

Puntualizó que no podría decir que todo lo que se ha hecho está mal, "porque sería un error. Evidentemente ha habido muchos esfuerzos, detenciones relevantes y gente que se ha jugado la vida; sin embargo, sí debemos ver qué falta, qué se debe modificar o complementar".

Recordó que en la pasada reunión del Consejo Nacional de Seguridad propuso diseñar un plan para reducir los índices de violencia, e incluir en éste a todos los jóvenes, particularmente en la frontera norte, el cual no se se ha elaborado.

Ebrard remarcó que la responsabilidad de llevar a cabo y estar al frente de la batalla contra el narco es de las autoridades civiles. "El Ejército debe participar en lo que sea indispensable", acotó.

Endeble demanda de la PGR contra matrimonios gay y adopciones

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Sergio Valls Hernández admitió la acción de inconstitucionalidad que presentó la Procuraduría General de la República (PGR) contra los matrimonios entre personas del mismo sexo y su derecho a adoptar niños.

Fuentes judiciales explicaron por otra parte que la demanda de la PGR carece de solidez en al menos un tema: el de la adopción, porque la reforma al Código Civil capitalino no incluyó ese asunto, luego entonces la dependencia federal no puede demandar la invalidez de una norma que no ha sido modificada recientemente.

Trascendió que Valls Hernández admitió el recurso presentado por la PGR y ya giró los oficios correspondientes para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el gobierno capitalino respondan a la demanda.

Una vez que ambas instancias entreguen sus alegatos –tendrán máximo 15 días para hacerlo–, entonces el ministro instructor estará en condiciones de iniciar el análisis de la demanda y, en su momento, elaborar el proyecto de dictamen correspondiente.

Por su parte, fuentes judiciales comentaron que otro punto en favor de los matrimonios entre homsexuales consiste en que el artículo impugnado del Código Civil capitalino (391) establece como criterio para la adopción de menores que los solicitantes sean "cónyuges o concubinos".

Es decir, no exige como condición que los padres adoptivos sean de diferente sexo.

Otro artículo que pretende invalidar la PGR (146) señala que el matrimonio es "la unión libre de dos personas", es decir, tampoco establece el género de los contrayentes, lo cual dificulta la posibilidad de que los ministros del máximo tribunal del país lo declaren inconstitucional.

Por otra parte, los entrevistados destacaron que para invalidar la norma impugnada se requiere el voto de ocho de los 11 integrantes del pleno, lo cual es poco probable que ocurra en este caso.

 

La Jornada

Calderón defiende acción de inconstitucionalidad contra matrimonios gay

El presidente Felipe Calderón defendió la controversia constitucional promovida por la Procuraduría General de la República (PGR) contra las bodas entre parejas del mismo sexo, con el argumento de que la Constitución de la República habla explícitamente del matrimonio entre el hombre y la mujer.

Esta medida es para velar por la Carta Magna y no tiene ninguna intención política ni parte de prejuicio alguno, enfatizó.

Al fijar por primera vez su postura sobre la controversia impulsada por el titular de la PGR, Arturo Chávez, contra una ley emitida en el Distrito Federal, aseguró que respeta las preferencias sexuales de las personas y a las parejas constituidas por personas del mismo sexo.

Antes de concluir su visita a esta nación ofreció una rueda de prensa en el Club Nacional de Prensa de Japón, donde dijo desconocer los señalamientos del perredista Marcelo Ebrard, jefe del Gobierno del Distrito Federal, de que Calderón no debe inmiscuirse en las leyes de la capital del país.

En su intento por justificar dicha medida, argumentó: "la Constitución de la República habla explícitamente del matrimonio entre el hombre y la mujer, y ahí hay simplemente un debate legal que tiene que ser resuelto por la Suprema Corte, pero no tiene éste ninguna intencionalidad política ni parte de ningún prejuicio".

Por disposición constitucional la PGR tiene la tarea de velar porque todo ordenamiento legal del orden federal o local esté apegado a la Constitución, aseveró.

"Yo, desde luego, respeto plenamente las preferencias sexuales de las personas y a las parejas integradas por personas del mismo sexo, pero la procuraduría presenta año tras año decenas de controversias constitucionales donde hay una duda razonable sobre la constitucionalidad de una disposición de un ámbito legislativo local", expresó.

En torno a las críticas de Ebrard, insistió en que no las conoce y que su gobierno siempre ha tenido una actitud de colaboración y respeto con cualquier instancia de gobierno local, en este caso el Distrito Federal.

Sin embargo, el jueves pasado Ebrard subrayó que al presidente Calderón no le corresponde decidir sobre las leyes que se aplican en la ciudad de México, porque "no somos una dependencia del gobierno federal". Además calificó la acción de la PGR de grave error, porque "es el abogado del Poder Ejecutivo Federal" y pretende limitar derechos de personas.

Sin aludir a la queja del perredista, Calderón resaltó que su gobierno y el de Ebrard trabajan juntos en los temas que "más preocupan" a la ciudadanía, como seguridad e infraestructura, y puso de ejemplo la Línea 12 del Metro, que se construye con presupuesto federal.

"Tenemos muchos temas en los que cotidianamente trabajamos y lo seguiremos haciendo de manera coordinada", reiteró.

 

La Jornada

1 de febrero de 2010

Congreso de la Unión inicia Periodo Ordinario de Sesiones

Las cámaras de Diputados y Senadores iniciaron los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 61 Legislatura, con la postura de las siete fracciones parlamentarias sobre la situación del país en torno al desempleo, alzas de precios e inseguridad pública.

En el Salón de Plenos de San Lázaro y con la presencia de 402 de los 500 diputados federales, arrancaron los trabajos de este periodo que concluirá el próximo 30 de abril.

En tribuna, el coordinador de Convergencia, Pedro Jiménez León, expuso que arranca este periodo ordinario ante un panorama nacional que dejó en 2009 a 2 millones 800 mil mexicanos sin empleo, derivado de la crisis económica y el mal manejo gubernamental de la misma.

Por su parte, el Senado celebraró este día la primera sesión del segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio que empezó a las 13:00 horas.

La sede senatorial está preparada para recibir a los 128 legisladores que integran la Cámara de Senadores, luego del receso legislativo que abarcó desde el 16 de diciembre hasta el 31 de enero.

Antes, a las 11:00 horas los senadores asistieron, junto con los diputados federales, al Palacio Legislativo de San Lázaro para participar en la declaración de apertura del periodo ordinario de sesiones del Congreso.

Los senadores fueron citados a las 13:00 horas en el salón de Sesiones de Xicoténcatl número nueve, por el presidente de la Mesa Directiva, Carlos Navarrete, para iniciar formalmente el segundo periodo ordinario.

El inicio de sesiones en San Lázaro presenta las agendas legislativas de las siete fracciones plagadas de buenas intenciones que incluyen reformas como la hacendaria, la laboral, antisecuestro, Estado laico y política.

Sin embargo, la contienda electoral determinará los acuerdos y las iniciativas de las bancadas corren el riesgo de ser "rehén" de los comicios.

A la par del arranque de labores de los 500 diputados federales, se dio el banderazo de salida a las precandidaturas de una veintena de legisladores que buscarán competir por una de las 12 gubernaturas en disputa el próximo 4 de julio.

Diputados federales del PRI, PAN, PRD y PT reconocen que la agenda legislativa ya está "altamente contaminada" de los procesos comiciales en puerta y que hay el riesgo de que las reformas pendientes queden en la "congeladora" de San Lázaro.

Prueba de esta "contaminación" es la reciente realización de las plenarias para definir las agendas legislativas en estados donde habrá elecciones y en donde a la par de las agendas se buscó proyectar, placear y hasta "destapar" al legislador que contenderá por la gubernatura.

El PRI llevó a cabo su plenaria en Veracruz, donde el diputado federal, Javier Duarte, fue "destapado" por sus 236 compañeros de bancada, quienes le refrendaron su apoyo para ser el sucesor de Fidel Herrera, actual mandatario.

Los panistas no se quedaron atrás y llevaron su cónclave a tierras poblanas, donde se buscó respaldar a los precandidatos de ese partido al Ejecutivo estatal: Rafael Moreno Valle y Ana Teresa Aranda.

A su vez, los diputados federales del PRD optaron por viajar a Zacatecas y ahí arropar al único precandidato de ese partido al gobierno estatal, el senador con licencia, Antonio Mejía Haro.

Al respecto, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, reconoció que el arranque de este periodo ordinario se da en un año "sui géneris, en donde va a haber mucha confrontación política y electoral, en donde puede haber polarización en algunos estados".

"No cabe la menor idea de que se va a polarizar severamente las elecciones en Veracruz, Puebla, Oaxaca, e Hidalgo, incluso incluiría a Tlaxcala, ahí va a haber una polarización muy fuerte", señaló.

Reconoció que paradójicamente, este es un año legislativo en donde lo que no legislemos este año, no lo vamos a hacer en el resto de la legislatura.

"Si hay un año propicio para que esta legislatura cumpla su objetivo es el 2010", aseguró.

Encinas comentó que 2010 no solamente es emblemático por el Centenario y Bicentenario de la Revolución y la Independencia, respectivamente, sino por la situación complicada que vive el país en materia de seguridad y desempleo.

A ello hay que agregarle el ingrediente electoral que puede "desbocarse" y derivar en una mayor confrontación política, sostuvo.

Respecto a la Reforma Hacendaria, dijo que hay diferencias en el PRI entre sus liderazgos en el Senado y la Cámara de Diputados y existen protagonismo que se acrecentarán de cara al 2012.

Además, dijo, en este 2010 muchos gobernadores no van a querer cambios en materia tributarias hasta después del 4 de julio.

Oscar Martín Paniagua, quien fungió como vicepresidente de la Comisión Permanente y diputado del PAN, consideró que si los partidos de oposición, en especial el PRI, quieren politizar toda la agenda legislativa será responsabilidad de ellos, "el país no se puede paralizar por que hay procesos electorales".

"Nosotros vamos a seguir trabajando e impulsando y también exhibiendo la colaboración o nula colaboración en impulsar el desarrollo del país, sobre todo en temas prioritarios para el PAN como son las reformas Hacendaria y Política", apuntó.

El diputado federal del PAN se pronunció por "blindar" la agenda legislativa, principalmente en los temas importantes como las reformas en materia de seguridad, fiscal y política, para evitar que la tribuna sea rehén de los procesos electorales.

"Es importante que el PRI defina si le va a entrar a la discusión de las reformas que el país necesita o las va atorar con fines electorales", subrayó.

El coordinador del PRI, Francisco Rojas, en el marco de la discusión de la agenda legislativa de ese partido, hizo una severa crítica a los gobiernos emanados del PAN, al señalar que "sólo han traído consigo estancamiento económico, el aumento de la pobreza extrema, la pérdida del rumbo político y el desprestigio de la función pública".

Por lo cual planteó la agenda del PRI para acotar al Poder Ejecutivo en materia de programas sociales, delegaciones federales, seguridad pública, y subejercicios.

Recordó que este 2010 habrá elecciones en 15 entidades federativas, de las cuales en 12 se renovarán gubernaturas.

En el remate de su mensaje durante la reciente plenaria del tricolor, Rojas apuntó: "tenemos que impulsar un gobierno de calidad y de justicia; y tenemos que llevar al PRI nuevamente a la Presidencia de la República en 2012".

Por ello vaticinó "carro completo" en las 15 entidades federativas donde estarán en juego cargos de elección municipal, diputaciones locales y gubernaturas.

Pedro Vázquez González, coordinador del Partido del Trabajo, resumió este clima electoral en San Lázaro, "desafortunadamente este naciente periodo en San Lázaro se encuentra inmerso en las disputas y contiendas electorales donde se busca renovar 12 gubernaturas, por lo que la agenda legislativa y las reformas podrían quedar secuestradas por esos procesos".

Con este escenario la Cámara de Diputados está lista para un periodo donde las reformas convivirán con los debates por las elecciones en las gubernaturas de Zacatecas, Durango, Chihuahua, Aguascalientes, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa, Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala, Quintana Roo e Hidalgo; y tres elecciones para renovar congreso local y alcaldías, Yucatán, Chiapas y Baja California.
 
Notimex

Senado prevee aprobar Ley Antisecuestros en el presente periodo de sesiones

 Con un año de retraso y a fin de contrarrestar la inseguridad que se ha extendido en el país, el Senado discutirá en el periodo ordinario de sesiones que inicia hoy 12 iniciativas que han presentado el PAN, PRI, PRD y PVEM, que buscan sustentar la aprobación de la Ley General Antisecuestros.

La discusión de este tema quedó pendiente en 2009, a pesar de que todas las fracciones parlamentarias se comprometieron a dictaminarlo y aprobarlo a más tardar en diciembre del año pasado.

Sin embargo, el proceso de ratificación del gobernador del Banco de México (Banxico) y los nombramientos de nuevos magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consumieron gran parte del tiempo de los senadores, lo que obligó a posponer hasta el 2010 la ley contra plagios.

Ahora, las principales fuerzas políticas que integran el Senado incluyeron en la agenda que impulsarán a partir de este mes el tema de la Ley General Antisecuestros, para tratar de aprobarla antes del 30 de abril.

En entrevista, el presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer afirmó que existe el material suficiente para elaborar un dictamen, pues el PAN, PRI, PRD y PVEM han presentado diversas iniciativas sobre el tema.

Así, la propuesta del PAN contempla sancionar con prisión vitalicia sin derecho a la preliberación a los plagiarios que lesionen permanentemente, mutilen, violen o asesinen a sus víctimas.

El senador panista Felipe González, autor de la propuesta, dijo que los secuestradores no tendrán el beneficio de la libertad anticipada y cumplirán su pena en prisiones federales sin contacto con el resto de los presos para evitar evasiones y "contaminar" a delincuentes menores.

Además, no podrán acceder a la telefonía sin supervisión y se hará "una tarea de inteligencia sobre las personas que los visiten, que en ocasiones se trata de contactos que a través de correos mantienen los internos con miembros de la banda prófugos".

Sin embargo, el secuestrador que aporte datos que permitan liberar a una víctima, ubicar casas de seguridad o dar con otros plagiarios se le pasará al régimen que admita preliberación con una pena máxima de 50 años de prisión, afirmó el legislador panista.

El también presidente de la Comisión de Seguridad Social señaló que se plantea aplicar una pena de 50 a 65 años de prisión cuando la víctima sea un menor, mujer, de la tercera edad o discapacitado, y no sufra lesiones permanentes o no sea privado de la vida.

Para quienes cometan el llamado "secuestro exprés" se impone una pena de 20 a 40 años de prisión y una multa de dos mil a cuatro mil días del salario mínimo, subrayó el ex gobernador de Aguascalientes.

Indicó que se castigará con penas de cuatro a nueve años de prisión a quienes sean invitados a participar en un secuestro o tengan información del mismo y no lo hagan del conocimiento de la autoridad competente.

El senador del PAN precisó que también se plantea crear la Unidad Antisecuestros, coordinada por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.

Por su parte, la propuesta que ya presentó el PRI incluye que cuando exista el homicidio de la víctima del secuestro no sea considerado sólo un agravante, sino que se le castigue como un delito autónomo, además de ampliar el catálogo de agravantes del delito.

Al respecto, el sanador priista Pedro Joaquín Coldwell detalló que entre las agravantes está que la víctima sea menor de 18 años y mayor de 60 o el secuestrador sea o se ostente como funcionario público, entre otras.

Además, la propuesta contempla una mayor coordinación entre las autoridades estatales y federales y que "la cabeza de la estrategia" para prevenir y perseguir el secuestro sea el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

También se incluye protección y asistencia a las víctimas, y la obligación de los jueces para dictar la reparación del daño a favor de la víctima y de sus familiares, cuando se encuentre al secuestrador penalmente responsable.

Para ello el PRI propone crear el Fondo Nacional para el Combate del Delito de Secuestro con recursos presupuestales y los obtenidos a través del procedimiento de extinción de dominio por el delito de secuestro.

A su vez, la bancada del PRD en el Senado planteó crear la Ley Federal de Recompensas Penales, para incentivar a la ciudadanía a que denuncie delitos como el secuestro o la trata de personas.

Según la propuesta, se establecería el Fondo Federal de Recompensas Penales, que sería administrado por la PGR, con recursos provenientes del Presupuesto de Egresos federal y de aquellos que se reciban en forma de donativo.

Se busca otorgar un estímulo económico a quienes "sin haber intervenido en el ilícito aporten datos para liberar a la víctima o aprehender a participantes en delitos como secuestro, tráfico de indocumentados, trata de personas o pornografía de menores de 18 años".

Por su parte, la iniciativa de los senadores del PVEM contempla, como punto central, la creación del Fondo Nacional Antisecuestro, para otorgar recompensas a quienes denuncien a secuestradores.

Con ello los trabajos para concretar la aprobación de la Ley General Antisecuestros se sumarán a las tareas de los legisladores en el presente periodo, donde también sobresalen la reforma política y la ley de medios.
 
Notimex