12 de agosto de 2009

Calderón avala la impunidad: Prodh


El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) aseguró ayer que el presidente Felipe Calderón “no quiere ver lo que es evidente”, y agregó que su postura de retar a que le prueben que soldados o policías violan garantías fundamentales en México “pone en evidencia el modo de proceder de un Estado que no tiene interés por los derechos humanos”.
El caso Badiraguato


En conferencia de prensa, Luis Arriaga Valenzuela, presidente del Prodh, dijo que es “imperdonable” que el mismo día que Calderón, en presencia del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, retó en la ciudad de Guadalajara a las organizaciones civiles nacionales e internacionales a que presentaran “un solo caso” de violación a derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechara un amparo sobre un caso claro de abuso del Ejército Mexicano en Sinaloa, donde una mujer quedó viuda porque cuatro militares le dispararon a su esposo en un retén instalado en el municipio de Badiraguato.


“La declaración de Calderón en la cumbre de Guadalajara fue muy desafortunada y se hizo con descuido, porque hay un gran rezago en materia de derechos humanos en México, empezando por casos muy concretos, como el de 11 mujeres que demandan justicia en el tema de la agresión en San Salvador Atenco, en 2006, cuando fueron torturadas y agredidas sexualmente por parte de cuerpos policiacos, y donde no ha habido hasta el momento sentencias para los culpables y las víctimas no han tenido acceso a la justicia”.


Añadió que “también es importante señalar expedientes como el de Acteal y otros muchos en donde no ha habido acceso alguno a la justicia para las víctimas”.

Sobre el amparo promovido por Reynalda Morales Rodríguez, quien el 26 de marzo de 2008 perdió a su esposo Zenón López Medina en un retén militar, Arriaga Valenzuela expresó que “este asunto pone en evidencia la falta de acceso a la justicia y a un tribunal independiente e imparcial, alejado de la protección del fuero castrense, en un claro ejemplo de violación a las garantías fundamentales”.


La Jornada