El diputado David Razú, integrante de la bancada perredista dio a conocer la iniciativa en la que se modifica el Artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal donde se define al matrimonio como "la unión entre hombre y mujer" para ser sustituida por "unión libre de dos personas".
En la exposición de motivos se defiende la legalización de la unión entre personas del mismo sexo "porque el matrimonio es una institución para la realización de la comunidad de vida entre dos personas".
Advierte que limitar esos derechos contraviene el espíritu mismo del Código Civil, que en su Artículo 2 que estable, entre otros aspectos, que "a ninguna persona se le podrá restringir el uso de sus derechos, cualquiera que sea la naturaleza de estos, por razón de su orientación sexual".
La propuesta deja en claro que "la ausencia en el reconocimiento de los derechos matrimoniales para la población lesbiana y homosexual, derivada de la imposición de un modelo heterosexista predominante, además de carecer de fundamentos no puede ni debe tener cabida en una sociedad que evoluciona".
Y "debe encontrar en la diversidad el desarrollo de un estado verdaderamente democrático e incluyente".
Apuntó que los Países Bajos, pioneros en el respeto de las libertades, permiten los matrimonios entre personas del mismo sexo desde el 1 de abril de 2001, mientras que en Bélgica se dan garantías desde el 30 de enero de 2003.
En España, ejemplificó, se aprobó la legislación en 2005; Noruega y Suecia 2008; entre otras naciones.
Apuntó que la ciudad de México es un terreno fértil para el avance de reformas pendientes a reconocer los derechos de la población gay, bisexual, transexual, transgénero, trasvesti e intersexual.
Resaltó que en la pasada legislatura de la Asamblea se lograron avances importantes en la lucha contra la discriminación de ese sector con la Ley de Sociedades de Convivencia que se aprobó en 2006.
Sin embargo, estimó que independientemente de las virtudes de la Ley de Convivencia resulta fundamental que ninguna institución, incluida la matrimonial, discrimine a las personas por su orientación sexual.
Aclaró que el reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo "no implica, de manera alguna, la limitación de ningún otro derecho para ninguna otra persona o grupo social.
"No debe olvidarse, en este sentido, que en un estado democrático los derechos no se consultan ni se plebiscitan, se exigen, se garantizan y se otorgan", sostuvo.
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