El ministro instructor del caso, José Ramón Cossío Díaz, resolvió que la controversia constitucional es manifiesta e indudablemente improcedente debido a la falta de interés legítimo de los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
"El decreto impugnado no es susceptible de afectar, en modo alguno, la esfera de competencia y atribuciones que la Constitución otorga al Distrito Federal, en virtud de que se refiere a una facultad de la federación en la que solamente tienen intervención el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión", aseguró Cossío.
El ministro dijo que la ALDF carece de interés legítimo para impugnar el decreto y, por ende, no procedía ni siquiera darle entrada a su demanda.
"Por ende, jurídicamente es inadmisible que el Distrito Federal o su Asamblea Legislativa pueda asumir la defensa de un organismo descentralizado de la Administración Pública federal", agregó.
Cossío determinó que el juicio de controversia constitucional que promovieron los asambleístas era notoriamente improcedente, porque el decreto del presidente no afecta en nada las atribuciones o la esfera de competencia de las autoridades del Distrito Federal.
Dicha determinación puede ser impugnada por la Asamblea Legislativa por medio de un recurso de reclamación, a fin de que el Pleno de la Suprema Corte decida si revoca o no el acuerdo que se emitió.
La Jornada
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