6 de diciembre de 2009

PRI y PAN legalizarán privatización de servicios de servicio del Estado

Todo está listo para que senadores de PRI y PAN aprueben este lunes en comisiones el dictamen de la nueva ley de asociaciones público-privadas, propuesta por el presidente Felipe Calderón, reforma que abre la puerta a la privatización total de los servicios que presta el Estado, entre ellos el de la electricidad, denunciaron legisladores de PRD y PT.

Los perredistas Tomás Torres, Jesús Garibay y Rosalinda López comentaron que hay gran prisa por sacar de inmediato esa iniciativa presidencial, que se presentó en el Senado el pasado 10 de noviembre, e incluso hay ya un dictamen, elaborado por el presidente de la Comisión de Comercio, el priísta Eloy Cantú.

Cantú había citado a reunión de comisiones unidas el jueves pasado, pero la denuncia del perredista Garibay, quien advirtió ante el pleno senatorial del intento de aprobar esa reforma "al vapor", hizo que la decisión se pospusiera unos días.

Deploran prisas

Los integrantes de las comisiones de Comercio, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos –las dos últimas presididas por los panistas José Isabel Trejo y Alejandro Zapata Perogordo– citaron a reunión para el lunes, ya que es el plazo que la mesa directiva del Senado fijó para la presentación de iniciativas que se discutirán en las tres sesiones que le faltan a este periodo ordinario.

El coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, deploró que de nuevo priístas y panistas pretendan dar fast-track a una reforma lesiva para los mexicanos, ya que "por la puerta de atrás se quiere avanzar en la privatización de los servicios de energía eléctrica, agua y seguramente también el petróleo".

La perredista Rosalinda López aseveró que el dictamen copia casi íntegra la iniciativa de Calderón, que prácticamente se aprueba en sus términos, porque los cambios son mínimos.

El priísta Cantú convenció ya a los integrantes de su bancada de que aprueben sin discusión ese dictamen, con el argumento de que las asociaciones público-privadas operan con éxito en varios países y han sido factor importante para la atracción de inversiones.

Monreal resaltó que es un riesgo permitir a empresas extranjeras firmar contratos con el gobierno federal para realizar "todo tipo" de obras y servicios, pasando incluso por encima de lo que señalan otras leyes nacionales y la propia Constitución.

El perredista Torres recalcó que se intenta "dar la vuelta" a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas, para permitir contratos que benefician a inversionistas privados, quienes podrán incluso transferir sus obligaciones al Estado.

Preocupa a los legisladores que mediante la nueva ley se permitiría al presidente de la República en turno comprometer recursos futuros, dejando el pasivo a las siguientes administraciones.

Además de avalar que dependencias del gobierno federal firmen contratos hasta por 50 años con empresas nacionales y extranjeras, la iniciativa de Calderón incentiva a los particulares para que propongan el desarrollo de proyectos "que responden más a la oportunidad de hacer negocio que a la necesidad real de infraestructura", recalcó Garibay.

Sin embargo, dado el acuerdo PRI-PAN en esa materia, es un hecho que se aprobará este lunes en comisiones y se podría votar entre martes y jueves.

 

La Jornada