7 de febrero de 2009

A 9 años de la entrada de la PFP a CU

El viernes 6 se cumplieron nueve años del asalto de la Policía Federal Preventiva (PFP) a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para romper la huelga que tenía paralizada a la institución desde 10 meses antes por el intento de las autoridades universitarias de modificar el Reglamento General de Pagos. Con alarde de fuerza, los uniformados rompieron cercos instalados por los grupos estudiantiles y detuvieron a más de 600 activistas agrupados en el Consejo General de Huelga (CGH).

A las seis y media de la mañana de aquel 6 de febrero, la PFP se estrenaba como cuerpo federal del orden público. Si bien existía ya entonces una marcada polarización en el CGH y un natural desgaste del movimiento, la orden de irrumpir en Ciudad Universitaria fue de inmediato censurada por prácticamente todos los sectores universitarios, aun aquellos que en repetidas ocasiones habían reclamado el fin del paro de actividades.

Aunque la intención de modificar el Reglamento General de Pagos (RGP) se había cancelado desde junio de 1999, los estudiantes no levantaron la huelga porque argumentaban que permanecían sin cumplirse otras cinco demandas: derogación de las reformas de 1997 por las cuales se cancelaba el pase automático de bachillerato a licenciatura en la UNAM; eliminar el examen único del Centro Nacional de Evaluación (Ceneval) para el ingreso a la enseñanza media superior; convocar a un congreso universitario democrático y resolutivo; desmantelamiento del aparato policial y anulación de actas y sanciones contra los participantes en el movimiento, y recorrer el calendario escolar para recuperar los días perdidos durante la huelga.

El 20 de abril de 1999 se colocaron las banderas rojinegras en todas las escuelas y facultades de la máxima casa de estudios, con lo que iniciaba la que sería la huelga más larga en toda la historia de la institución. El detonante fue la aprobación, por el Consejo Universitario, de una reforma al RGP que establecía el incremento en las cuotas semestrales con base en el cálculo del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y que de haber entrado en vigencia obligaba a pagar, en ese momento, por inscripción, 510 pesos en el bachillerato y 680 en licenciatura.
La inconformidad de la comunidad estudiantil recibió en un principio el apoyo de la mayoría de académicos y trabajadores administrativos de la institución.

Tuvieron que pasar casi dos meses de iniciada la huelga para que se entablara un proceso de diálogo entre los estudiantes y la Comisión de Encuentro creada por el entonces rector José Francisco Barnés de Castro. En un afán de despresurizar el conflicto, el titular de la UNAM pidió la modificación del RGP y planteó que el pago de las nuevas cuotas semestrales se hiciera de manera “voluntaria”.

La medida no surtió efecto. En los primeros 100 días del conflicto sólo se concretaron cuatro reuniones entre las partes, y se realizaron más de una decena de marchas estudiantiles en defensa de la gratuidad de la educación.

El 27 de julio, los investigadores eméritos de la UNAM Luis Esteva Maraboto, Alfredo López Austin, Alejandro Rossi, Héctor Fix Zamudio, Manuel Peimbert, Adolfo Sánchez Vázquez, Miguel León Portilla, Ruy Pérez Tamayo y Luis Villoro, apoyados por 41 profesores de diversas disciplinas, llamaron al CGH “a dar por terminado el paro y presentar sus planteamientos en los foros de discusión, en la inteligencia de que las propuestas que surjan deberán ser llevadas a los correspondientes órganos de decisión”.

La propuesta fue rechazada por el CGH. Para noviembre se habían agudizado las contradicciones y conflictos al interior del consejo y se vivía un clima de revanchas, carencia de autocrítica, y la presión de los grupos radicales por mantener el paro en aquellas escuelas donde las comunidades se pronunciaban por reanudar actividades.

El 12 de noviembre, Francisco Barnés de Castro renunció a la rectoría de la UNAM, notoriamente rebasado por el conflicto. Cinco días después, la Junta de Gobierno designó a Juan Ramón de la Fuente, entonces secretario de Salud, como nuevo rector. Al asumir el cargo, de inmediato llamó a reanudar el diálogo, empantanado pese a las reuniones que con autoridades y directivos de escuelas y facultades se realizaron en el Palacio de Minería.

Ante esta situación, en enero de 2000 De la Fuente presentó la llamada propuesta institucional para levantar la huelga, que contemplaba dejar definitivamente sin efecto el RGP y la realización de un congreso universitario para analizar el Reglamento General de Inscripciones y Exámenes, que venía de 1997, entre otros puntos. Hay que decir que tras ocho años al frente de la rectoría, De la Fuente no cumplió la promesa de llevar a cabo ese congreso.

Pero esa propuesta fue de nueva cuenta rechazada por el CGH. Ante ello y con el respaldo de intelectuales y académicos, la rectoría convocó a la comunidad universitaria a un plebiscito el 20 de enero, en el cual 87 por ciento de los 150 mil participantes respaldaron la propuesta institucional y pidieron la reanudación de actividades.

Los resultados de esa consulta también fueron desautorizados por los paristas, cuya división interna se hacía cada vez más evidente. Un atisbo de lo que ocurriría cinco días después se presentó el primero de febrero. Ese día, elementos uniformados de la PFP ingresaron a la instalaciones de la Preparatoria 3 (ubicada en Eduardo Molina) luego de un enfrentamiento entre personal de la Dirección General de Protección a la Comunidad de la UNAM e integrantes del Frente Estudiantil Justo Sierra, que dejó un saldo de 37 heridos y 248 detenidos.

Los representantes del CGH se habían enfrascado en una discusión que parecía interminable, el sábado 5. En medio de la discusión sobre si ya era el momento de levantar la huelga (a lo que se oponía un importante sector radical) crecía entre los participantes el rumor de que la PFP estaría por entrar al campus, aunque la mayoría de las versiones consideraban que eso ocurriría hasta el siguiente lunes.

Apenas levantaba el día, unos dos mil 260 uniformados ingresaron a la Ciudad Universitaria.
Los estudiantes detenidos fueron llevados a instalaciones de la PGR ubicadas en la avenida Camarones y acusados de terrorismo y motín.

Nota de Laura Poy Solano, La Jornada