24 de septiembre de 2008

Comparencia de SG, PGR y SSP


El día Lunes 22 de Septiembre de 2008 el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora y el titular de la Secretaria de Seguridad Pública Genaro García Luna, se presentaron ante el Senado de la República para responder ante legisladores federales los cuestionamientos acerca del 2° Informe de Gobierno de Felipe Calderón. Al día siguiente, 23 de Septiembre, Juan Camilo Mouriño, titular de la Secretaria de Gobernación y nuevamente Medina Mora y Garcia Luna se presentaron ante el pleno de la Cámara de Diputados para aclarar las políticas de seguridad, procuración de justicia y las políticas internas.




El discurso fue el mismo por parte de los funcionarios del Gobierno Federal, un discurso de triunfalismo inexplicable y una gran evasión de preguntas y críticas.




Los diputados acusaron a Juan Camilo Mouriño de representar la corrupción e impunidad, y ser más eficaz haciendo negocios privados que dirigiendo la política interna de la Nación y resolviendo los conflictos que se presentan en México. La acusación fue hecha por legisladores del PRD, PRI, PT y Convergencia.




El diputado priista Carlos Armando Biebrich, al igual que otros legisladores, hizo alusión a los contratos que firmó Mouriño Terrazo con Petróleos Mexicanos, en calidad de apoderado de la empresa familiar Transportes Especializados Ivancar SA, en momentos que se desempeñaba como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y posteriormente como director general en la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico.
El 6 de marzo pasado, el titular de Gobernación aceptó haber plasmado su firma en los contratos por 100 millones de pesos en el rubro de traslado de hidrocarburos.




También desde su curul, la diputada perredista Valentina Batres le dijo que las omisiones en el segundo Informe de gobierno de Felipe Calderón son graves, especialmente porque no se hace referencia “a la gran corrupción” de personajes públicos, como los gobernadores de Puebla y de Oaxaca, Mario Marín y Ulises Ruiz, respectivamente, y tampoco de dirigentes sindicales como Elba Esther Gordillo o Carlos Romero Deschamps. Menos, señaló, de los hijos de Marta Sahagún, Manuel y Jorge Alberto Bribiesca.
Batres insistió en que se dejan de lado los casos del ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, quien habría evitado el pago de impuestos en la venta de Banamex a Citibank, así como el escándalo de Hildebrando Zavala, en su posible participación en las elecciones presidenciales de 2006.
Aseguró: “Bueno, el propio secretario de Gobernación, que firma contratos ilegales, viene ahora a responder por la política interior”.
También la diputada del Partido del Trabajo María Mercedes Maciel Ortiz hizo referencia a la desconfianza ciudadana hacia el gobierno de Calderón, especialmente porque los funcionarios están más interesados en incrementar sus fortunas particulares.
“En suma, el Estado ya no le garantiza nada al pueblo mexicano, y la esperanza de un cambio no se puede depositar en ustedes. Mientras a los gobernantes les importe más la gestión de los negocios familiares, en detrimento de la buena gestión de los asuntos públicos, no se podrán garantizar los mínimos de bienestar del pueblo”, sostuvo la petista.
En respuesta, Mouriño le dijo que escuchó con atención su postura de que el narcotráfico está fuera de control, pero no respondió nada acerca de los señalamientos sobre su participación en la firma de los contratos. Tampoco, en su oportunidad, acusó recibo de las críticas y preguntas de Valentina Batres ni de Carlos Armando Biebrich.
A este último sólo le comentó que la Secretaría de Gobernación hará uso de sus facultades para otorgarle asesoría al Instituto Federal Electoral en la administración y control de los tiempos oficiales para campañas políticas. Su respuesta, sin embargo, se vio interrumpida cinco veces por la exigencia, iniciada por el diputado perredista Emilio Ulloa, para que renunciara. (Información de La Jornada)




Las comparecencias no fueron mas que una burla al Poder Legislativo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, los funcionarios se rehusaron a contestar preguntas claves yrepitieron los mismos discursos desde la entrada de Calderón al poder. Arturo Cano escirbio en La Jornada un artículo que ha mi consideración describe justo lo sucedido en San Lazaro el día de ayer, a continuación lo presentamos:




Los diputados se acercan al corral de prensa. Juan Guerra (PRD), Gerardo Priego (PAN) y Marco Antonio Bernal (PRI) chacotean con los reporteros mientras, en tribuna, hablan los responsables de la política interior y la seguridad pública. Confirman lo que dice la ausencia de cientos de sus colegas: que los tres integrantes del gabinete responden, “bajo protesta de decir verdad”, lo que quieren: casi nada, fuegos de artificio verbales. No tenía que transcurrir más de un mes, desde la firma del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad: los secretarios dicen lo mismo que entonces, lo elogian como un documento único, histórico, inédito.
La retórica es culpable. El otro responsable es el formato. ¿Quién lo decidió? “Los coordinadores”, responden los tres diputados. Juan Guerra va más allá: “Emilio Gamboa lo vende y el Güero (Javier González Garza) lo deja pasar”.
La comparecencia no va ni a la mitad y ya todo son reiteraciones, lugares comunes, cifras sueltas, pechos inflamados que hablan de compromiso, de unidad en torno al Presidente de la República. Juan Camilo Mouriño, Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna inauguran la nueva manera de glosar el Informe presidencial. La legislatura que dio mate al Día del Presidente da paso a los días de tedio con los secretarios de Estado. O los días en que la verdad, escasa, ha de buscarse en toneladas de retórica.
A los diputados del PAN corresponden ocho intervenciones, siete al PRD y el mismo número al PRI, hasta llegar a las dos del Partido Socialdemócrata. Cada diputado debe dirigir sus preguntas a uno de los tres funcionarios. Tres minutos de pregunta, igual de respuesta. Al final, suman 34 intervenciones de los secretarios y el procurador, y 38 de los legisladores. Sin derecho de réplica de los diputados, lo que convierte la sesión en un pobre ejercicio sin debate.
Hacia la hora de la comida, apenas unos 50 diputados aguantan vara, ya repletos los pasillos, los patios y los restaurantes.
¿Fracasó el formato?
“Fracaso es el empecinamiento de Felipe Calderón de mantener a estos tres funcionarios. Llegaron con el ánimo de no responder y así lo han hecho. Calderón va limitándose cada vez más, encerrándose en su pequeño círculo”, dice González Garza, coordinador de los diputados del PRD.
La “trilogía del desamparo”
En el arranque, un par de diputadas perredistas piden que, contra el acuerdo de coordinadores, se les permita subir a tribuna a preguntar. Algo dicen sobre el equilibrio de poderes. Igual demandan que se haga explícito que los miembros del gabinete comparecen, según reciente reforma, con la obligación de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
Después de un escarceo, el priísta César Duarte, presidente de la mesa directiva, levanta a todos los presentes. “¿Protestan ustedes decir verdad ante esta Honorable…?”
Clic, clic, clic. Las fotos consagran el momento y dan paso a las preguntas.
Obdulio Ávila, del PAN, hace nueve, y el secretario Mouriño responde acaso dos. Es la marca de la comparecencia. Han jurado decir la verdad, no contestar todo.
Los perredistas queman sus primeras intervenciones en un radicalismo verbal que no se traduce en buenas preguntas. Aleida Alavez, por ejemplo, mete toda la agenda nacional en discurso, facilitando a Mouriño un amplio abanico de no respuestas.
“¿El gobierno que representa está dispuesto a suscribir el pacto de salvación nacional, cuyos ejes rectores sean el cambio en la política y social?”, es la interrogante regalada. “El gobierno está dispuesto a dialogar sobre los grandes temas que aún nos quedan pendientes”, responde el titular de Gobernación.
Quizá por eso la también perredista Valentina Batres Guadarrama mejor no pregunta. “No lo necesito. Está claro, no pueden, renuncien”.
Los obuses surgen de la bancada del PRI: “Deficiencia, demagogia y desorden son tres pinceladas que pintan de cuerpo entero el combate a la delincuencia en esta administración: es la trilogía del desamparo”, suelta César Camacho Quiroz.
El ex gobernador del estado de México va sobre Calderón y la “mezcla de cinismo y evasión” que lo llevó a sumarse a los reclamos ciudadanos a él dirigidos. Pone ejemplos de su trilogía: a un año de la ley contra la trata de personas “no hay una sola consignación por ese abominable crimen”.
Y reta: “Ya nos enteramos que no van a renunciar. Eso significa que tienen voluntad aunque, por supuesto, es insuficiente. Se necesitan cuando menos capacidad y agallas, ¿tienen?”
Ovación y besamanos priísta, porque hay cosas que nunca cambian.
Los diputados panistas se debaten entre el apoyo al gobierno de su partido y su sensibilidad hacia el sentir ciudadano. María de los Angeles Jiménez se dirige al secretario de Seguridad Pública: “Ya lo había felicitado y lo vuelvo a felicitar por su trabajo”.
Sólo para, acto seguido, expresar que los mexicanos salimos de nuestra casa sin saber si vamos a regresar o si al volver la encontraremos igual.
La panista también pregunta sobre los “controles de confianza. ¿Por qué suceden casos como el de Lorena González?”, dice, sobre la policía que trabajaba para el funcionario que recién ha felicitado.
Hay un “rezago histórico”, hay un plan, un proyecto de ley, hemos avanzado en un nuevo “perfil policial”, dice García Luna, lo que ha de repetir la tarde entera con su atropellado hablar.
Las patas de charro y el dedo flamígero
“¿Sabe usted, señor secretario, que su trayectoria más se acerca a su capacidad para hacer negocios que a la conducción de la política interior del país?”, lanza el priísta sonorense Carlos Armando Biebrich.
Para entonces, un sector de los perredistas ha sacado mantas y cartelones. “Salvemos a México”, dice uno. “Ahí vienen los piratas IVAN por el tesoro”, reza la manta, en referencia al apodo de Juan Camilo Mouriño.
Comienza la gritadera. “¡Renuncia!” “¡Corrupto!”
Mouriño no puede seguir. Una y otra vez César Duarte llama al orden. Los gritos no duran mucho.
Los opositores siguen su retahíla sobre la incapacidad del gobierno. Unos con más efectividad que otros.
“Han pasado suficientes montas para saber quién tiene patas de charro”, cita Layda Sansores un dicho michoacano. “Y en dos años, espots, discursos, dinero y más dinero, soldados y más soldados, pero no llega al fondo, no combate la impunidad ni la corrupción”, sigue, tras acusar a Mouriño de personificar la corrupción, la impunidad y el cuatismo.
Poco a poco, entre más se repiten las respuestas, el salón de plenos se queda vacío. Pasadas las cuatro de la tarde casi no hay priístas ni perredistas, y de los panistas acaso permanece un tercio de la bancada.
Los funcionarios insisten en que los atentados de Morelia no quedarán impunes, en las bondades del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y sus metas verificables, en pedir a los legisladores que se comprometan con más dinero.
Se acerca el cierre. Regresa una parte de los diputados.
El priísta Francisco Bedoya no cree en plazos: “Señor procurador, usted tiene ocho años (en diversos cargos) y no vemos el final del túnel”.
Regresan los panistas. Arropan a los funcionarios federales en la despedida.
Les favorece que el último orador es el panista Cristian Castaño, quien alude al tripartidismo michoacano para decir que nadie puede señalar con su “dedo flamígero” un responsable, y asegura que el PAN no va a lucrar con las crisis de seguridad: “Nadie tiene derecho de buscar miserablemente un voto con la sangre de nuestros muertos”.
La ovación panista, de un tercio del salón, no es para los secretarios y el procurador, estrellas opacas del día, sino para el diputado que le pega al PRD.