1 de febrero de 2010

Senado prevee aprobar Ley Antisecuestros en el presente periodo de sesiones

 Con un año de retraso y a fin de contrarrestar la inseguridad que se ha extendido en el país, el Senado discutirá en el periodo ordinario de sesiones que inicia hoy 12 iniciativas que han presentado el PAN, PRI, PRD y PVEM, que buscan sustentar la aprobación de la Ley General Antisecuestros.

La discusión de este tema quedó pendiente en 2009, a pesar de que todas las fracciones parlamentarias se comprometieron a dictaminarlo y aprobarlo a más tardar en diciembre del año pasado.

Sin embargo, el proceso de ratificación del gobernador del Banco de México (Banxico) y los nombramientos de nuevos magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consumieron gran parte del tiempo de los senadores, lo que obligó a posponer hasta el 2010 la ley contra plagios.

Ahora, las principales fuerzas políticas que integran el Senado incluyeron en la agenda que impulsarán a partir de este mes el tema de la Ley General Antisecuestros, para tratar de aprobarla antes del 30 de abril.

En entrevista, el presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer afirmó que existe el material suficiente para elaborar un dictamen, pues el PAN, PRI, PRD y PVEM han presentado diversas iniciativas sobre el tema.

Así, la propuesta del PAN contempla sancionar con prisión vitalicia sin derecho a la preliberación a los plagiarios que lesionen permanentemente, mutilen, violen o asesinen a sus víctimas.

El senador panista Felipe González, autor de la propuesta, dijo que los secuestradores no tendrán el beneficio de la libertad anticipada y cumplirán su pena en prisiones federales sin contacto con el resto de los presos para evitar evasiones y "contaminar" a delincuentes menores.

Además, no podrán acceder a la telefonía sin supervisión y se hará "una tarea de inteligencia sobre las personas que los visiten, que en ocasiones se trata de contactos que a través de correos mantienen los internos con miembros de la banda prófugos".

Sin embargo, el secuestrador que aporte datos que permitan liberar a una víctima, ubicar casas de seguridad o dar con otros plagiarios se le pasará al régimen que admita preliberación con una pena máxima de 50 años de prisión, afirmó el legislador panista.

El también presidente de la Comisión de Seguridad Social señaló que se plantea aplicar una pena de 50 a 65 años de prisión cuando la víctima sea un menor, mujer, de la tercera edad o discapacitado, y no sufra lesiones permanentes o no sea privado de la vida.

Para quienes cometan el llamado "secuestro exprés" se impone una pena de 20 a 40 años de prisión y una multa de dos mil a cuatro mil días del salario mínimo, subrayó el ex gobernador de Aguascalientes.

Indicó que se castigará con penas de cuatro a nueve años de prisión a quienes sean invitados a participar en un secuestro o tengan información del mismo y no lo hagan del conocimiento de la autoridad competente.

El senador del PAN precisó que también se plantea crear la Unidad Antisecuestros, coordinada por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.

Por su parte, la propuesta que ya presentó el PRI incluye que cuando exista el homicidio de la víctima del secuestro no sea considerado sólo un agravante, sino que se le castigue como un delito autónomo, además de ampliar el catálogo de agravantes del delito.

Al respecto, el sanador priista Pedro Joaquín Coldwell detalló que entre las agravantes está que la víctima sea menor de 18 años y mayor de 60 o el secuestrador sea o se ostente como funcionario público, entre otras.

Además, la propuesta contempla una mayor coordinación entre las autoridades estatales y federales y que "la cabeza de la estrategia" para prevenir y perseguir el secuestro sea el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

También se incluye protección y asistencia a las víctimas, y la obligación de los jueces para dictar la reparación del daño a favor de la víctima y de sus familiares, cuando se encuentre al secuestrador penalmente responsable.

Para ello el PRI propone crear el Fondo Nacional para el Combate del Delito de Secuestro con recursos presupuestales y los obtenidos a través del procedimiento de extinción de dominio por el delito de secuestro.

A su vez, la bancada del PRD en el Senado planteó crear la Ley Federal de Recompensas Penales, para incentivar a la ciudadanía a que denuncie delitos como el secuestro o la trata de personas.

Según la propuesta, se establecería el Fondo Federal de Recompensas Penales, que sería administrado por la PGR, con recursos provenientes del Presupuesto de Egresos federal y de aquellos que se reciban en forma de donativo.

Se busca otorgar un estímulo económico a quienes "sin haber intervenido en el ilícito aporten datos para liberar a la víctima o aprehender a participantes en delitos como secuestro, tráfico de indocumentados, trata de personas o pornografía de menores de 18 años".

Por su parte, la iniciativa de los senadores del PVEM contempla, como punto central, la creación del Fondo Nacional Antisecuestro, para otorgar recompensas a quienes denuncien a secuestradores.

Con ello los trabajos para concretar la aprobación de la Ley General Antisecuestros se sumarán a las tareas de los legisladores en el presente periodo, donde también sobresalen la reforma política y la ley de medios.
 
Notimex