La Reforma Constitucional en materia
De Seguridad Pública y Justicia Penal
¿Avance o retroceso?
El día martes 17 de junio de 2008, Felipe Calderón firma el decreto de la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal.
Desde la llegada de dicha iniciativa al Congreso de la Unión en Marzo del año retropróximo, se ha desatado una gran polémica entorno de estas reformas constitucionales.
El proceso fue largo y viciado, lleno de irregularidades, violentado el artículo 72 constitucional fracción e), que manifiesta al pie de la letra lo siguiente:
“Si un proyecto de ley o decreto fuese
Desechado en parte, o modificado, o
Adicionado por la Cámara revisora,
La nueva discusión de la Cámara de su
Origen versará únicamente sobre lo
Desechado o sobre las reformas o
Adiciones, sin poder alterar en manera
Alguna los artículos aprobados…”
Es un mandato constitucional y debe respetarse, algo que durante el proceso legislativo no se tomó en cuenta, ya que la iniciativa llegó a la cámara de Diputados, que fungió como cámara de origen; el Senado realizó el papel de cámara revisora modificando ciertos artículos; siendo así, la cámara de origen debió de discutir únicamente las modificaciones senatoriales, pero al contrario realizó diversas modificaciones a artículos previamente aprobados por ambas cámaras.
Tenemos entonces un proceso controversial y una iniciativa que vulnera garantías individuales. Ahora bien, ¿esta reforma aporta alguna rama que ayudaría a mejorar nuestro sistema o es deficiente totalmente?
No es una pregunta que pueda responderse a la ligera. Para entender la reforma en su totalidad, con sus pros y contras; debemos, en primera instancia, analizar las motivaciones de los promotores de la reforma y de los diversos actores involucrados en el proceso.
Primero, la crisis en la que se encuentra el sistema, con esto nos referimos la burocracia judicial, a una defensoría pública deficiente, impunidad, violación sistemática de los derechos humanos, policía ineficiente, PFP con elementos del ejercito, militarización del país, etc.
Siendo así, es obvio que se requieren de reformas sobre seguridad pública y justicia penal, ya que el sistema esta inmerso en una gran crisis.
No se puede negar que la reforma contiene puntos positivos como la presunción de inocencia, la oralidad, etc. Pero en general, sin la voluntad de los actores del sistema penal y de las autoridades policíacas, la reforma representa un gran riesgo para la sociedad.
Debemos establecer, que la reforma constitucional, es el resultado de la gran desesperación debido a la ineficiencia policial, pero a falta de políticas adecuadas y del discurso del Gobierno Federal de mano dura sin tratar temas de fondo, la iniciativa solo busca castigo a la delincuencia organizada de manera brutal. Siendo así la delincuencia organizada, la pesadilla de Calderón, obtiene un nuevo concepto mucho más amplio y tan peligroso que se llega a considerar a la protesta social en este ámbito.
El arraigo, otro tema controversial, que ahora ha sido constitucionalizado yendo en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que permitirá que de una forma arbitraria en exceso a los sospechosos de delincuencias organizada se les detenga hasta por 80 días; algo que sin lugar a dudas dará pie al abuso de la autoridad para torturar a los detenidos.
La Seguridad Pública es sin duda alguna uno de los mayores retos que tanto el Estado como la sociedad en general tiene que afrontar. No es un tópico sencillo ya que alrededor de este giran muchos obstáculos, uno de ellos, y quizá el más relevante es la corrupción que existe en las corporaciones policíacas. Para combatir esta situación se requiere de mucho esfuerzo y medidas pertinentes; ¿el decreto firmado por el Felipe Calderón trata a fondo esta grave situación y ofrece soluciones reales al conflicto? La respuesta es sencilla: No.
La iniciativa federal solo busca crear un reglamento agresivo en contra de la delincuencia organizada y olvida temas de fondo. En el Plan Nacional de Desarrollo 2077-2012 en el Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad, el Titular del Ejecutivo Federal expresa en un discurso ambiguo y contradictorio la urgente modernización de los cuerpos policiales; pero en la práctica esto falla totalmente y ahora con la reforma constitucional donde se otorga la facultad de investigación a la policía en general, es más que urgente modernizar a las corporaciones policíacas para erradicar la corrupción y garantizar la protección de los derechos humanos.
En el año 2007 durante los desprestigiados e ineficientes operativos en contra del crimen organizado se realizaron múltiples denuncias por abuso policiaco y militar, incluso la CNDH tuvo que emitir varias recomendaciones a la Secretaria de la Defensa Nacional y diversos organismos policiales, las cuales fueron en su mayoría ignorados. Todo esto ocurrió aún con impedimentos legales, aún con claras restricciones que debían de proteger a la ciudadanía. ¿Qué nos depara ahora que una reforma persecutoria de garantías individuales ya que criminalizará la protesta social y que justifica que las fuerzas del orden detengan arbitrariamente a cualquier que consideren sospechoso ha sido aprobada
Esto representa un grave retroceso en nuestras políticas de seguridad pública, justicia penal y derechos humanos. Los costos que traerá consigo serán el enfrentamiento social y policial, la violación de derechos tales como la libertad de expresión, de pensamiento, de manifestación, de prensa; entre otras, ya que las fuerzas militares y policiales estarán prontamente facultadas para reprimir a la población argumentando la legalidad.
Si ya hemos visto que las violaciones de derechos han sido al por mayor, ¿cómo planea el Sr. Calderón crear una política policial que no violente las garantías sociales si con sus actos demuestra todo lo contrario? ¿Y nuestros legisladores se preocuparán por hacer valer los derechos de la ciudadanía, respetarán la investidura que la sociedad les otorgó para velar por el bienestar del pueblo y de la nación?
En lo personal dudo que nuestros “representantes populares” velen por México. Ellos están más interesados en su porvenir político, en sus cargos a futuro que en los cambios que nuestro país requiere. Atinadamente lo expuso Otto Von Bismarck:
“Los políticos piensan en las
Próximas elecciones, los estadistas
En las próximas generaciones”
Una triste realidad, pero aún hay esperanza de que los legisladores cumplan con sus obligaciones de representantes populares. Y exhortaremos a que rindan cuentas a la sociedad por sus acciones que vulneran nuestros derechos fundamentales.
El decreto en materia de seguridad pública y justicia penal necesita urgentes modificaciones o existirá un estallido social que arrastrará a toda la nación a la violencia. México no necesita esto, suficiente tenemos con la policía corrupta, los militares escalando en posiciones de poder político, el narcotráfico dueño del país y estrategias equívocas en la lucha contra él, estrategias que sólo golpean repetidamente a la sociedad civil.
Crear un Estado autoritario no es la manera adecuada de luchar contra las mafias y el crimen organizado; porque a final de cuentas gracias a las altas cúpulas políticas cuentan con gran protección e inmunidad, la reforma es un teatro, una farsa; porque estas medidas no se utilizarán en contra del narcotráfico, sino en contra de los opositores del gobierno calderonista; es una medida desesperada de Felipe Calderón en la búsqueda de la legitimación.
De Seguridad Pública y Justicia Penal
¿Avance o retroceso?
El día martes 17 de junio de 2008, Felipe Calderón firma el decreto de la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal.
Desde la llegada de dicha iniciativa al Congreso de la Unión en Marzo del año retropróximo, se ha desatado una gran polémica entorno de estas reformas constitucionales.
El proceso fue largo y viciado, lleno de irregularidades, violentado el artículo 72 constitucional fracción e), que manifiesta al pie de la letra lo siguiente:
“Si un proyecto de ley o decreto fuese
Desechado en parte, o modificado, o
Adicionado por la Cámara revisora,
La nueva discusión de la Cámara de su
Origen versará únicamente sobre lo
Desechado o sobre las reformas o
Adiciones, sin poder alterar en manera
Alguna los artículos aprobados…”
Es un mandato constitucional y debe respetarse, algo que durante el proceso legislativo no se tomó en cuenta, ya que la iniciativa llegó a la cámara de Diputados, que fungió como cámara de origen; el Senado realizó el papel de cámara revisora modificando ciertos artículos; siendo así, la cámara de origen debió de discutir únicamente las modificaciones senatoriales, pero al contrario realizó diversas modificaciones a artículos previamente aprobados por ambas cámaras.
Tenemos entonces un proceso controversial y una iniciativa que vulnera garantías individuales. Ahora bien, ¿esta reforma aporta alguna rama que ayudaría a mejorar nuestro sistema o es deficiente totalmente?
No es una pregunta que pueda responderse a la ligera. Para entender la reforma en su totalidad, con sus pros y contras; debemos, en primera instancia, analizar las motivaciones de los promotores de la reforma y de los diversos actores involucrados en el proceso.
Primero, la crisis en la que se encuentra el sistema, con esto nos referimos la burocracia judicial, a una defensoría pública deficiente, impunidad, violación sistemática de los derechos humanos, policía ineficiente, PFP con elementos del ejercito, militarización del país, etc.
Siendo así, es obvio que se requieren de reformas sobre seguridad pública y justicia penal, ya que el sistema esta inmerso en una gran crisis.
No se puede negar que la reforma contiene puntos positivos como la presunción de inocencia, la oralidad, etc. Pero en general, sin la voluntad de los actores del sistema penal y de las autoridades policíacas, la reforma representa un gran riesgo para la sociedad.
Debemos establecer, que la reforma constitucional, es el resultado de la gran desesperación debido a la ineficiencia policial, pero a falta de políticas adecuadas y del discurso del Gobierno Federal de mano dura sin tratar temas de fondo, la iniciativa solo busca castigo a la delincuencia organizada de manera brutal. Siendo así la delincuencia organizada, la pesadilla de Calderón, obtiene un nuevo concepto mucho más amplio y tan peligroso que se llega a considerar a la protesta social en este ámbito.
El arraigo, otro tema controversial, que ahora ha sido constitucionalizado yendo en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que permitirá que de una forma arbitraria en exceso a los sospechosos de delincuencias organizada se les detenga hasta por 80 días; algo que sin lugar a dudas dará pie al abuso de la autoridad para torturar a los detenidos.
La Seguridad Pública es sin duda alguna uno de los mayores retos que tanto el Estado como la sociedad en general tiene que afrontar. No es un tópico sencillo ya que alrededor de este giran muchos obstáculos, uno de ellos, y quizá el más relevante es la corrupción que existe en las corporaciones policíacas. Para combatir esta situación se requiere de mucho esfuerzo y medidas pertinentes; ¿el decreto firmado por el Felipe Calderón trata a fondo esta grave situación y ofrece soluciones reales al conflicto? La respuesta es sencilla: No.
La iniciativa federal solo busca crear un reglamento agresivo en contra de la delincuencia organizada y olvida temas de fondo. En el Plan Nacional de Desarrollo 2077-2012 en el Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad, el Titular del Ejecutivo Federal expresa en un discurso ambiguo y contradictorio la urgente modernización de los cuerpos policiales; pero en la práctica esto falla totalmente y ahora con la reforma constitucional donde se otorga la facultad de investigación a la policía en general, es más que urgente modernizar a las corporaciones policíacas para erradicar la corrupción y garantizar la protección de los derechos humanos.
En el año 2007 durante los desprestigiados e ineficientes operativos en contra del crimen organizado se realizaron múltiples denuncias por abuso policiaco y militar, incluso la CNDH tuvo que emitir varias recomendaciones a la Secretaria de la Defensa Nacional y diversos organismos policiales, las cuales fueron en su mayoría ignorados. Todo esto ocurrió aún con impedimentos legales, aún con claras restricciones que debían de proteger a la ciudadanía. ¿Qué nos depara ahora que una reforma persecutoria de garantías individuales ya que criminalizará la protesta social y que justifica que las fuerzas del orden detengan arbitrariamente a cualquier que consideren sospechoso ha sido aprobada
Esto representa un grave retroceso en nuestras políticas de seguridad pública, justicia penal y derechos humanos. Los costos que traerá consigo serán el enfrentamiento social y policial, la violación de derechos tales como la libertad de expresión, de pensamiento, de manifestación, de prensa; entre otras, ya que las fuerzas militares y policiales estarán prontamente facultadas para reprimir a la población argumentando la legalidad.
Si ya hemos visto que las violaciones de derechos han sido al por mayor, ¿cómo planea el Sr. Calderón crear una política policial que no violente las garantías sociales si con sus actos demuestra todo lo contrario? ¿Y nuestros legisladores se preocuparán por hacer valer los derechos de la ciudadanía, respetarán la investidura que la sociedad les otorgó para velar por el bienestar del pueblo y de la nación?
En lo personal dudo que nuestros “representantes populares” velen por México. Ellos están más interesados en su porvenir político, en sus cargos a futuro que en los cambios que nuestro país requiere. Atinadamente lo expuso Otto Von Bismarck:
“Los políticos piensan en las
Próximas elecciones, los estadistas
En las próximas generaciones”
Una triste realidad, pero aún hay esperanza de que los legisladores cumplan con sus obligaciones de representantes populares. Y exhortaremos a que rindan cuentas a la sociedad por sus acciones que vulneran nuestros derechos fundamentales.
El decreto en materia de seguridad pública y justicia penal necesita urgentes modificaciones o existirá un estallido social que arrastrará a toda la nación a la violencia. México no necesita esto, suficiente tenemos con la policía corrupta, los militares escalando en posiciones de poder político, el narcotráfico dueño del país y estrategias equívocas en la lucha contra él, estrategias que sólo golpean repetidamente a la sociedad civil.
Crear un Estado autoritario no es la manera adecuada de luchar contra las mafias y el crimen organizado; porque a final de cuentas gracias a las altas cúpulas políticas cuentan con gran protección e inmunidad, la reforma es un teatro, una farsa; porque estas medidas no se utilizarán en contra del narcotráfico, sino en contra de los opositores del gobierno calderonista; es una medida desesperada de Felipe Calderón en la búsqueda de la legitimación.
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