Criminalización de la protesta social.

La protesta social en México, cada día se complica más. Las autoridades, que mueren por controlar a la sociedad, se vuelven más ingeniosas en crear reglamentos, leyes y forjar actitudes en contra de movimientos políticos, sociales, estudiantiles, etc. Desde el Gobierno Federal pasando por instituciones educativas y por los Gobiernos Locales, se ha iniciado una fuerte campaña para fichar a estudiantes y ciudadanos mexicanos opositores de los regimenes gubernamentales. El activismo en México es más perseguido que el narcotráfico o el crimen organizado.

Hoy en día es más peligroso plasmar una firma en un documento que se manifiesta en contra de las políticas gubernamentales o institucionales, es más peligroso denunciar algún acto de corrupción, de abuso de autoridad o de represion por parte de algun funcionario gubernamental o autoridad educativa que portar un arma o gran cantidad de droga para su venta. Un ejemplo de esto sería ver las penas que líderes del narcotrafico reciben y las penas que lideres como los Atenco recibieron.

Es impresionante el despligue de inteligencia no sólo del Gobierno, recalco, sino también de instancias como la UNAM, para identificar a disidentes, activistas, a personas nada sumisas y alienadas a los deseos de los grupos en el poder para mantenerlas bajo la mira, conociendo absolutamente todo acerca de su vida personal, del movimiento al que pertenecen, etc; estas instancias obtienen información de manera cobarde manipulando a personas participes de movimientos sociales ofreciendoles recompensas económicas o academicas (según sea el caso) a cambio de información interna y confidencial; asimismo por medio del sistema de inteligencia nacional rastrean y obtienen datos personales.

El Gobierno Federal ha decidido dilapidar el erario público en la busqueda de los opositores al régimen calderonista en lugar de enfocarse a la lucha en contra de la inseguridad o en brindar mayores oportunidades de trabajo y estudio a las personas más necesitadas. En cuanto a las instancias educativas, pierden tiempo, esfuerzo, dinero y personal vigilando a dirigentes estudiantiles o integrantes de movimientos políticos y sociales; en lugar de contener a grupos de choque como los porriles que amenazan a la seguridad y estabilidad de la comunidad estudiantil, o de preocuparse por que los planes de estudio sean los adecuados para formar un estudiantado crítico, objetivo y no a mano de obra barata (como prentende el Gobierno Federal y el SNTE mediante la ACE) La diversas instancias de educación pública en nuestro pais, deben enfocarse a educar como es su trabajo, y no a crear expedientes con los eventos realizados por grupos de activistas que no buscan desestabilizar al país sino enfocarlo a un bienestar para la sociedad nacional.

¡Basta de ataques en contra de los movimientos sociales!

¡No más represión!

¡Tolerancia por parte del Gobierno y de las instancias Educativas!

¡Respeto a la pluralidad de las ideas!