Se le impide a embajadora de Honduras ingresar a sede diplomatica

La embajadora de Honduras en México, Rosalinda Bueso fue impedida de ingresar a la representación diplomática de su país por instrucciones de funcionarios ligados al gobierno de facto de Roberto Micheletti.

Los hechos sucedieron por la mañana, cuando la diplomática se disponía a iniciar sus actividades laborales.

A la embajadora no sólo se le negó el acceso al inmueble ubicado en las calles de Alfonso Reyes, en la colonia Condesa, sino además se le retiró el vehículo oficial en el que cotidianamente se transportaba.

La orden fue ejecutada por elementos policiales dependientes del gobierno capitalino que tienen la función de resguardar las embajadas.

La Jornada

Clinton afirma que cesará la ayuda a Honduras si fracasa mediación

La secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton, advirtió al gobierno de facto de Honduras, encabezado por Roberto Micheletti, que Washington suspenderá su ayuda a esta nación si la mediación emprendida por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias fracasaba, informó Philip Crowley, portavoz del departamento de Estado, precisó Crowley en conferencia de prensa.

Precisó que la jefa de la diplomacia estadunidense realizó el domingo una llamada telefónica "muy dura" al presidente de facto hondureño.

"Ayer, desde Nueva Delhi, la secretaria de Estado tuvo una conversación telefónica con el dirigente del régimen de facto, el señor Micheletti", dijo el portavoz. "Ella lo alentó a seguir concentrado en estas negociaciones y lo ayudó a comprender las consecuencias potenciales de fracasar en sacar provecho de esta mediación".

Consultado sobre las consecuencias potenciales, Crowley citó "un impacto significativo en términos de ayuda y eventuales consecuencias a largo plazo para las relaciones entre Honduras y Estados Unidos".

La Jornada

Acusan panista la contienda interna de "viciada"

Los senadores Javier Corral, Ricardo García Cervantes, Humberto Aguilar Coronado y Santiago Creel, así como el diputado Gerardo Priego y Manuel Espino, ex presidente del Partido Acción Nacional (PAN), anunciaron que no participarán como candidatos a la dirigencia nacional en una contienda que consideran "viciada de origen".

En conferencia de prensa, los legisladores y el ex presidente del PAN, que fueron señalados como posibles contendientes para la dirigencia nacional panista, expusieron que no hay condiciones para ir a esa elección, al tiempo que consideraron que hay "una simulación".

Aseguraron que no están de acuerdo en llevar a cabo un proceso de selección sin antes emprender un proceso de reflexión sobre el revés electoral del 5 de julio, y que sería erróneo que un candidato "oficial" dirija el PAN por lo menos 15 meses en estos momentos de difícil coyuntura para el partido, según reportes radiofónicos.

Coincidieron en señalar que sería un grave error de los panistas no hacer caso del mensaje enviado por los electores en dicha jornada electoral.

Los seis políticos lamentaron también que Acción Nacional viva una situación crítica, que a su parecer es evidencia y resultado de la pasada contienda electoral, y que a ello se sume el apoyo a una candidatura oficial encabezada por César Nava Vásquez.

Manifestaron su convicción de realizar "primero la reflexión y luego la elección", y convocaron a generar condiciones que permitan al partido rescatar los principios que le dieron origen, con miras a su 70 aniversario que celebrarán el 15 de septiembre. Por ello, propusieron que la contienda se posponga para antes llevar a cabo dicho proceso de análisis.

También señalaron alianzas vergonzosas con algunos dirigentes sindicales como Elba Esther Gordillo. Al respecto, Javier Corral indicó que parece que la maestra tiene más influencia sobre el presidente Felipe Calderón que los propios estatutos del PAN.

En la sede nacional del partido, el senador García Cervantes fustigó que no hay condiciones siquiera para una "candidatura testimonial", en tanto que convocó a pensar primero por México antes que por las cuestiones personales o de grupo.

El ex dirigente panista Manuel Espino manifestó por su parte su rechazo a una candidatura que no ha emanado de un proceso “auténticamente democrático”, y llamó al presidente Calderón a sacar las manos de la contienda y que deje que sean los panistas quienes definan los destinos del partido.

A su vez, el diputado Gerardo Priego dejó claro que "no venimos acompañando a nadie" y que lo que les preocupa es "la imposición" que se pretende hacer, por lo cual reiteró que no están dispuestos a participar "en esta simulación".

La Jornada

Asociaciones religiosas exigen la renuncia de García Luna y Medina Mora

Representantes de asociaciones religiosas (evangélicos, cristianos, musulmanes) exigieron la renuncia de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, por su incapacidad para resolver la creciente inseguridad, una de las principales demandas de la ciudadanía.

El levantón y posterior homicidio del líder mormón Benjamín Le Baron y su cuñado Luis Whitman propició que un grupo de dirigentes religiosos, entre ellos María del Pilar Lozano, Miguel Farfán, Cristian Gómez, Óscar Loha, Luis Rojas, Guadalupe Vigil y Themis Cortés, endurecieran sus críticas contra la incapacidad gubernamental en materia de combate a la impunidad.

“El presidente del empleo carece de una política de prevención del delito, la mayoría del presupuesto se destina al ataque a los narcotraficantes, pero al salir del Metro nos encontramos con un ejército de desempleados, potenciales delincuentes, que al recibir la oferta de ganar miles de pesos sucumben con facilidad.”

En respuesta a la convocatoria de los diputados de Convergencia, Martha Angélica Tagle y Rafael Ramos Becerril, para que expusieran las conclusiones sobre la violencia generada por el crimen organizado, los religiosos consideraron que la capacidad del Estado para garantizar seguridad a los ciudadanos está “quebrada”.

“Por eso estamos aquí, para que las autoridades asuman su papel de salvaguardar los intereses y la libertad de los ciudadanos; sí ahora se tocó a los mormones, qué será del resto de las congregaciones religiosas”, refirió Muhammad Abdullah Meksiki.

El mensaje de los denunciantes refiere que la ejecución de Le Baron y Whitman es una clara señal de que las mafias no se conforman con haber colocado en situación de notable desventaja al Estado en su tarea de procurar justicia, sino que “ahora pretenden arrodillar a la sociedad en su totalidad, al intentar destruir la dignidad humana”.

Por medio de un documento, refirieron que los delincuentes optaron por la venganza, creyendo que así lograrían quebrantar no sólo a la comunicad mormona de Chihuahua, sino a los mexicanos. “La muerte de ambos ha despertado una indignación social que parecía dormida, una rabia por la injusticia que parecía olvidada, pero sobre todo ha levantado un dolor por el dolor humano que ya parecía que éramos inhumanos; dolor por no alzar la voz, por no clamar justicia”.

En la manifestación realizada frente a la Cámara de Diputados, las asociaciones religiosas advirtieron que no descansarán en el combate contra los delincuentes.

“Los ciudadanos comprometidos con la sociedad, concientes del pacto civilizatorio en el que unos a otros nos comprometemos a cuidarnos y defendernos de los depredadores, y que consideramos que hay que defender el bien, incluso a costa de nuestra vida, ¡manifestamos nuestra indignación ante este atroz crimen y exigimos que las iglesias sean protegidas de estos delincuentes!”

Cristian Gómez, de la organización Museo Maná de las Sagradas Escrituras, señaló: “nosotros vamos a ser molestos al gobierno porque vamos a seguir señalando su injusticia; tenemos una falta de voluntad del gobierno para resolver el problema del crimen organizado. Pedimos al Poder Legislativo que presione al Ejecutivo para que no haya tolerancia, porque el crimen paga a los capos”.

Pilar Lozano justificó que los grupos religiosos que han sido agredidos por la delincuencia organizada, han determinado organizarse y armarse, “porque esta guerra contra el narcotráfico está perdida”.

La Jornada

Un último llamamiento a la militancia del PRD

Cuauhtémoc Cárdenas

Seriamente preocupado por el descrédito y la pérdida de autoridad moral del Partido de la Revolución Democrática frente a la ciudadanía y a la opinión pública en general, quiero compartir con mis compañeros las siguientes reflexiones:

En marzo del año pasado, después de la cuestionada elección para renovar la dirección del partido, advertí de la fuerte confrontación y fractura que vivía nuestra organización y planteé públicamente un camino de solución: la renuncia de todos los contendientes a los cargos de elección, la disolución de los cuerpos de dirección del partido y su sustitución por entes provisionales, para permitir con ello la recomposición y rencauzamiento de nuestra organización.

Ninguna respuesta ni comentario merecí de la dirección o de los liderazgos internos, pues prevalecieron los intereses de facción, el sectarismo y la intolerancia.

Nada se arregló. El enfrentamiento se ha hecho más agudo y virulento conforme el tiempo ha transcurrido. Entre los resultados más graves de esa confrontación se encuentran el permanente quebrantamiento de las disposiciones estatutarias por las instancias de dirección, individuales y colectivas, sea para responder a presiones clientelares y sectarias, sea mostrándose complacientes ante la violación de la regla, así como la parálisis en que se ha mantenido al partido respecto al trabajo para su crecimiento como organización y la falta de debate interno y de propuestas sobre los grandes problemas de la nación.

En esas condiciones, el desempeño electoral del pasado 5 de julio resultó lógico. No podía esperarse otro. Ratifica la condición de grave empantanamiento que vive el PRD. Sin embargo, y es un hecho que no debe desestimarse, donde el PRD ha mantenido un trabajo de organización desde la base y donde los compromisos adquiridos se han cumplido, el partido se ha conservado como fuerza política competitiva y de significación.

El pasado 7 de julio me visitaron y cambié impresiones con varios dirigentes del partido, incluido el presidente. Se planteó en esa ocasión convocar a una reunión incluyente, no pública ni anunciada por conducto de los medios de información, en la que participarían el presidente y la secretaria general, los coordinadores y ex coordinadores parlamentarios, gobernadores, ex gobernadores y los ex presidentes, para analizar posibles propuestas que pudieran hacerse tanto a los colectivos de dirección como a la militancia en su conjunto para superar la actual situación del PRD, empezando porque se tomarían, aun antes de la citada reunión, decisiones que permitirían empezar el proceso de recuperación de la legalidad interna, en particular que se anunciaría la pérdida de derechos partidarios de quienes hubieran contendido contra el PRD.

A la reunión celebrada el pasado 11 de julio en Morelia se convocó con parcialidad, razón de algunas ausencias y de inexplicables presencias.

Los asistentes a esa reunión, algunos dirigentes del partido y líderes de grupos de presión, algunos gobernadores, algunos ex gobernadores y ex presidentes del partido, coordinadores parlamentarios y algunos más, aun cuando lo hayan hecho con la mejor buena fe, convinieron, según la información pública, si no explícitamente sí en los hechos, desentenderse del mandato de hacer valer la legalidad interna, decretando, también sin hacerlo explícito e incumpliendo toda norma y sin estar facultados para ello, una amnistía para que se mantengan como militantes del partido quienes contendieron en su contra, postulados, a decir de la secretaria general del partido, por el PRI, el PAN, el PT, Convergencia, PSD, etc., en las recientes elecciones del 5 de julio.

A este respecto, cabe recordar que el 5 de julio de 2007, el entonces presidente del PRD, por cierto, uno de los no invitados a la reunión de Morelia, dio a conocer en los medios informativos que se iniciaba un procedimiento de suspensión de los derechos partidarios contra varios militantes por apoyar a otras fuerzas políticas en las elecciones locales de Zacatecas. Sobre el mismo caso, la gobernadora de aquel estado declaró entonces que los estatutos del PRD “establecen que a quienes apoyen a candidatos de otros organismos políticos o se postulen bajo otras siglas no se les expulsa, sino que automáticamente se colocan fuera del PRD”.

Desde Morelia también, los ahí reunidos hicieron un llamado abstracto a la unidad de la izquierda, sin haber llegado previamente a acuerdos, ni entre sí, que se sepa, ni con nadie más sobre programas y principios, como si las declaraciones de unidad por sí solas hicieran fuertes a las organizaciones y resolvieran los problemas.

Tal como está el PRD, en lo que todos y cada uno de sus militantes tenemos responsabilidad, es incapaz de dar viabilidad a su proyecto democrático y progresista de nación y, sobre todo, no le es de ninguna utilidad al pueblo mexicano.

En estas circunstancias, es momento para que cada militante y el partido como colectivo llevemos a cabo una seria reflexión autocrítica. Es tiempo de recordar que en el llamamiento que convocó a la formación del PRD se dijo: “Queremos que nuestra organización sea un instrumento de la sociedad, y no tan sólo de sus miembros o dirigentes, y para ello tendrá que dar en sus normas democráticas, en su vida interna, en la transparencia de sus recursos, en la autonomía de sus componentes regionales, en la libertad de tendencias y corrientes en su seno, en la unidad y en el respeto a las decisiones colectivas y, sobre todo, en la conducta personal de cada uno de sus miembros, la imagen tangible de aquello que se propone para el país y para la sociedad”.

En la coyuntura política que vivimos, nuestro compromiso prioritario es revertir la embestida reaccionaria y entreguista. Condición para ser exitosos en esta causa es contar con una organización con fortaleza política y autoridad moral, capaz de convocar y encabezar la transformación progresista y democrática del país. Estamos de nueva cuenta frente a la necesidad de tomar decisiones valientes y generosas, que al reposicionarnos en el ánimo de la ciudadanía nos devuelvan la hoy perdida autoridad moral.

Los problemas políticos se resuelven con medidas políticas. Los problemas de mayor complejidad y dificultad demandan, la mayoría de las veces, decisiones valientes, que hagan prevalecer los principios sobre cualquier interés individual o de grupo. Los problemas que hoy confronta el PRD no se resolverán con medidas administrativas, sino con decisiones políticas de gran alcance, tomadas dentro de nuestras normas estatutarias.

Procedería entonces, a mi entender y antes que otra cosa, aplicar los mandatos del estatuto para volver a la legalidad interna. Inmediatamente después, debiera darse la convocatoria del presidente del partido para que se reúna el Consejo Nacional. Reunido éste, el presidente, el comité ejecutivo y los integrantes de todas las comisiones y órganos de dirección y representación debieran presentar su renuncia ante el citado consejo.

Dado este paso, el consejo tendría que proceder a realizar las necesarias sustituciones, a las que daría el carácter de provisionales y a las que mandataría poner en marcha un proceso de reorganización del partido, a partir de la renovación y fortalecimiento de sus bases territoriales y la vinculación con las verdaderas problemáticas populares y nacionales. Hecha la designación de los cuerpos y dirigentes provisionales, el actual Consejo Nacional debiera votar su propia disolución.

La dirección provisional debiera ser dotada de plenas facultades para el gobierno, la reorganización y conducción del partido en el periodo de transición, que tendría que abrirse desde este momento y hasta la elección de nuevo presidente, secretario general y Consejo Nacional, que debiera celebrarse después de la realización de un congreso nacional extraordinario en el que se aprobaran nuevos documentos básicos y un padrón levantado a partir de la reafiliación de los militantes y de llevar a cabo, simultáneamente, una intensa campaña de afiliación. Se trata de reconstruir el partido desde sus bases.

La dirección que se designe con carácter provisional tendría, ante la militancia y la nación, la responsabilidad de poner en práctica una política hacia el interior del partido y hacia el exterior que represente una verdadera regeneración, con la que se identifiquen los miembros del partido leales a sus principios fundacionales, que sancione sin contemplaciones toda violación a la legalidad interna, que ponga fin al sistema corporativo y clientelar de cuotas en la integración de los cuerpos de dirección y en la selección de candidatos a cargos de elección popular, que desde dentro y desde afuera se reconozca por la ética en las conductas y por la autoridad moral recuperada.

El partido en sus condiciones actuales está incapacitado para cumplir con el compromiso que tiene con el pueblo y la nación, compromiso que surge de los grandes movimientos de reivindicación del siglo XX y que asumió el PRD desde su fundación. El partido en sus condiciones actuales está traicionando a sus muertos, y lastrado como se encuentra por las violaciones a sus reglas internas, pierde su condición de instrumento de lucha por la soberanía de la nación, el progreso y la democracia.

Al mismo tiempo que se toman e instrumentan todas las decisiones anteriores, es indispensable la disolución de los grupos de presión dentro del partido, las mal llamadas corrientes, que han privilegiado intereses personalistas y de facción y que han sido causa principal de las prácticas sectarias y clientelares, así como de las actitudes de intolerancia que han inhibido la libre discusión de ideas y propuestas, ahondando las fracturas y los desencuentros.

Convoco a mis compañeros a compartir conmigo estas propuestas y a apelar a la conciencia y responsabilidad de los dirigentes del partido para que nos escuchen y den pronta respuesta.

Estamos ante la última oportunidad para que no se pierda un instrumento que con el sacrificio y el esfuerzo de miles de mujeres y hombres de todos los rincones del país fue construido, como dice nuestro Llamamiento originario, para promover la democratización de la sociedad y de las instituciones estatales; defender y hacer respetar el voto ciudadano; luchar por la liberación de los sindicatos y organizaciones de trabajadores, campesinos y populares de toda burocracia corrompida; poner un alto a la destrucción consciente y sistemática de las instituciones y creaciones de la Revolución Mexicana: el ejido, la cooperativa, el contrato colectivo de trabajo, el sindicato, la empresa pública en las ramas donde nuestra independencia económica la hace imprescindible; impulsar la educación pública laica y gratuita; defender e imponer la independencia de la justicia, la dignidad del individuo, los derechos y garantías consagrados en nuestra Constitución, el cese de toda represión política o ilegal; combatir la corrupción, el privilegio, la injusticia, el despotismo de gobernantes, funcionarios y poderosos, el caciquismo, la arbitrariedad, el uso patrimonial de los fondos públicos; promover la igualdad, la libertad y la solidaridad como valores rectores de nuestra vida ciudadana.

Alcemos nuestras voces y ratifiquemos con este llamado a nuestras propias conciencias y responsabilidades y a nuestros compañeros, el compromiso de levantar un México de hombres y mujeres libres e iguales ante la ley y ante la vida, una patria democrática, solidaria y generosa, una patria para todos.