5 de febrero de 2010

Comparecencia del Gabienete de Seguridad será a puerta cerrada

El presidente del Senado, Carlos Navarrete, confirmó que los secretarios de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública federal y Gobernación, así como el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), comparecerán ante ese órgano legislativo la próxima semana, con el compromiso de los legisladores de que lo tratado en el encuentro no se divulgará ni será motivo de debate.

La comparecencia será privada y se realizará a puerta cerrada, porque el tema de la seguridad nacional "no es asunto de pláticas públicas ni materia de conferencias de prensa", advirtió el senador perredista.

La decisión de realizar a puerta cerrada la comparecencia de los cinco funcionarios del gabinete de seguridad nacional fue impulsada un día antes por los coordinadores parlamentarios de PAN y PRI, Gustavo Madero y Manlio Fabio Beltrones, respectivamente.

Ayer Navarrete Ruiz justificó el acuerdo. Sostuvo que el mejor formato es la comparecencia de los funcionarios a puerta cerrada y sólo con los miembros del órgano de gobierno del Senado –además de los tres senadores de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional–, porque sólo así podrán "entrar en la materia y tener acceso a información privilegiada".

Insistió: "la información de seguridad nacional no debe ser motivo de debate público ni legislativo, sino de conocimiento de los órganos del Senado. Habrá discreción de los grupos parlamentarios para comentar sólo lo que sea posible".

También se acordó que el Canal del Congreso no grabe la comparecencia.

Información a detalle

El también coordinador de los senadores del PRD detalló que los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado pretenden entrar a fondo sobre la situación que priva en Ciudad Juárez, Chihuahua; conocer los nuevos esquemas que el gobierno pretende poner en marcha; recibir un informe detallado acerca de qué fuerzas del Ejército y de las corporaciones policiacas están desplegadas en el país, cuáles son los resultados y dónde está fracasando la estrategia.

Reveló que ayer se comunicó con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, con el propósito de precisar los detalles de la comparecencia, que se llevará a cabo en la casona de Xicoténcatl la próxima semana.
 

Explicó que será una reunión intensa, sin límite de tiempo, con la finalidad de que los senadores conozcan a detalle las acciones que el gabinete de seguridad lleva a cabo para frenar el avance de la violencia y la criminalidad.

Por separado, el senador del PRI por Chihuahua, Fernando Baeza, explicó que a su bancada le interesa que los integrantes del gabinete de seguridad nacional expliquen con claridad qué pasa con la estrategia de combate a la delincuencia, porque es realidad innegable que ha fracasado, además de qué van a hacer para enfrentar la escalada de violencia, que alcanzó su punto más dramático con la matanza de jóvenes en Ciudad Juárez.

Por principio, expuso, se debe despolitizar la lucha contra el crimen organizado y acabar con "la soberbia del gobierno federal" que pretende pasar por encima de las autoridades estatales. Ya se demostró que fue un error meter al Ejército en el combate al narcotráfico.

En tanto, el senador perredista Silvano Aureoles comentó que espera que la información que proporcionen los secretarios de la Defensa, la Marina y Seguridad Pública, así como el procurador general de la República, sea precisa y veraz, porque no tendría sentido "que lleguen con discursos que no corresponden a la realidad".

El senador Francisco Labastida Ochoa, del PRI, señaló que se requiere un mayor gasto e inversión en materia de seguridad pública e impartición de justicia.

Planteó que se requiere ampliar los reclusorios, que tienen un déficit de 50 mil lugares; dividir a los reos de alta y baja peligrosidad, y readecuar muchos centros de readaptación.

Además debe llevarse a cabo "un gran programa de capacitación y depuración de las policías estatales", mejorar sueldos y prestaciones de los agentes, incluyendo seguros de vida y programas de vivienda.

En materia judicial, agregó Labastida Ochoa, se requiere abatir el rezago en los juzgados y destinar recursos para poner en marcha el sistema basado en los juicios orales. Todo esto, detalló, cuesta entre 0.5 y uno por ciento del producto interno bruto.

 

La Jornada